No se trata del primer caso en que alguien que fue víctima de la represión y que figura como fuente de algunas opiniones directas en estudios ajenos debe actuar a la vez como comentador de un libro dedicado a analizar las violaciones a los derechos humanos en el mismo país y en la misma etapa en los que él fue actor pasivo, por así decir. Lo sé. Sin embargo, me produce una sensación extraña, que no padecía cuando estaba dentro y luché porque el mundo se enterara de lo que estaba pasando en Argentina, ni cuando ya desde fuera hice todo lo posible para ayudar a otros perseguidos y por denunciar a los represores. Es inevitable, pues, que parte de esa sensación se transparente en mis opiniones sobre el libro que reseño y que incluso yo no lo advierta; estoy curado de los rescoldos que me produjo el miedo cuando decidí dejar mi país, y menos aún estoy libre de otros sentimientos, como el odio impotente.

Lo anterior me llevará, sin duda, a tomar posiciones que pueden - quizás- no ser consideradas totalmente objetivas. Pero estoy dispuesto a correr el riesgo.

El legado del autoritarismo es un libro dificil de describir. Ante todo, se estructura en torno a las presentaciones leídas en el coloquio internacional que fue organizado por los Institutos Harry Truman y de Judaísmo Contemporáneo de la Universidad Hebrea en enero de 1992. Sus compiladores lo dividieron en cuatro secciones. La primera reúne cuatro artículos (Mario Sznajder, Luis Roniger, Edy Kaufman, Margarite Feitlo- witz) que intentan un encuadre teórico de los regímenes burocráticos- autoritarios, de sus prácticas represivas, de las relaciones entre la sociedad civil y los derechos humanos y de su influencia sobre el lenguaje; inmediatamente siguen seis artículos que presentan la perspectiva jurídica del análisis de las violaciones de los derechos humanos, escritos por ex jueces que juzgaron a las juntas militares y que participaron en el coloquio en Jerusalén (Andrés J. D'Alessio, Guillermo A. C. Ledesma, Jorge A. Valerga Aráoz, Ricardo R. Gil Lavedra), además del penalista Bernardo Beiderman y del experto en derecho internacional Natán Lerner. La tercera parte está formada por seis artículos que intentan dar cuenta de la dimensión judía y de la actuación del Estado de Israel frente a los judíos que sufrieron la represión (Edy Kaufman, Haim Avni, Victor Mirelman, Saúl Sosnowski, Leonardo Senkman, Joel Barromi). A estos estudios se agregan tres testimonios: dos de familiares israelíes de "desaparecidos" y el del rabino Marshall T. Meyer, quien ofrece un conmovedor informe de su actuación a favor de los detenidos por el régimen militar.

El conjunto constituye una mirada global a las motivaciones que movieron a los represores, sus fuentes de enseñanza (Estados Unidos y Francia colonial), sus métodos y objetivos, y las personas que fueron sometidas a tribunales militares a pesar de su status civil, secuestradas, interrogadas bajo tormento, detenidas sin proceso y finalmente asesinadas en forma clandes- tina, para parafrasear la descripción hecha por Andrés D'Alessio, uno de los jueces intervinientes en el proceso a los miembros de las juntas militares. Tanto tiempo después de los sucesos, el libro no sólo resume una gran cantidad de información sobre esos años de la "guerra sucia", en algunos casos inédita o poco conocida, sino que tiene la capacidad de conmover al lector, porque aun los artículos escritos con total rigor académico citan hechos terribles, que mueven las entrañas.

Un denominador casi general confiere un carácter aún más verosímil al relato: casi todos aquellos autores que caracterizan a las víctimas (con excepción de los Familiares de Desaparecidos en la sección de testimonios) establecen que, entre éstas, había muchos con actividades políticas de izquierda, consideradas subversivas por los militares, muchos implicados en la guerrilla y numerosos sin militancia alguna. En uno de los artículos, el ex- juez Guillermo A. C. Ledesma incluso llega a sostener que la presentación de los terroristas "como monstruos demoníacos", hecha por la propaganda de la dictadura, "no estaba muy alejada de la verdad". No obstante, el mismo Ledesma recuerda que los procedimientos utilizados para "combatirlos", según la concepción de los victimarios, están "prohibidos por la legislación nacional... el derecho de gentes, las leyes y uso de guerra y por la moral". Se recalca, así, que aun aceptando que hubo una "guerra sucia" (como la llamaron los militares), fueron actos ilícitos e inmorales los perpetrados por los represores, sin que exista excusa o causa mitigante alguna.

Otro punto sobre el cual existe unanimidad entre todos los trabajos se refiere a la falta de resistencia interna masiva o, al menos, generalizada, contra la violencia ejercida desde el poder. Todos los que abordan esa falta de reacción social intentan explicarla por el enorme grado de represión impuesto por los militares, y porque la mayoría de la población supuestamente desconocía los hechos. Es verdad que la represión fue de tal magnitud que atemorizó a muchos de los que sabían, y los indujo a guardar silencio, paralizados por el miedo. Y también es cierto que quizás fuesen mayoría los que ignoraban lo que estaba sucediendo. Sin embargo, ese argumento no explica todo: el golpe militar de marzo de 1976 contó con el apoyo de casi todas las elites dirigentes de la Argentina, desde los políticos hasta los escritores consagrados, pasando por el liderazgo de la industria, el comercio y el agro; fue indudable que, por lo menos, el golpe contó con su tolerancia benevolente, al igual que con la de buena parte de la dirigencia política y sindical peronista, el aplauso de la Iglesia Católica (salvo raras excepciones) y aun de la comunidad judía organizada. Eso lo reconocen explícita o implícitamente la mayoría de los trabajos del libro.

Pero la pregunta que pocos se formulan es si la gente común dio su apoyo de un modo similar. Creo poder decir que sí: con excepción de los militantes de izquierda y las (relativamente escasas) franjas influidas por ellos, y probablemente con la de las bases peronistas, a pesar de las resistencias que habían levantado algunas de las medidas de la última etapa del gobierno de Isabel Perón, las mayorías estuvieron a favor del golpe, o fueron indiferentes. Otra pregunta que queda sin responder: ¿se mantuvo tal apoyo? Sí, en términos generales, y hasta hubo alzas de popularidad, suscitadas por la "plata dulce" en el período de Martínez de Hoz, por el campeonato mundial de fútbol, o por el inicio de la guerra de las Malvinas. Podría citar argumentos ad hominem, y no resisto la tentación de recordar un testimonio personal: cuando estaba ya en el exilio en Israel, hacía dos o tres años, recibí una carta de amigos relativamente apolíticos, pero que no podían desconocer la violación de los derechos humanos. Se hacían eco de la campaña "Los argentinos somos derechos y humanos", defendiendo al gobierno de las críticas del exterior.

No creo que a algunos autores que tratan en sus artículos ese problema se deba criticarlos por la falta de datos, puesto que citan enfáticamente la falta de reacción interna. Más bien el problema está en la falta de matices en su interpretación del proceso. Fue imposible exigir comportamientos heroicos masivos, pero en cambio es factible preguntarse por qué no hubo menos apoyo a la dictadura.

Ejemplos de heroísmo individual son conocidos. En algunos casos, como las Madres de Plaza de Mayo, su motivación era la herida abierta por la desaparición de sus hijos; en otros, como las monjas francesas que las acompañaron, por puro altruismo. De unos y otros, hay muchos más casos que los que citan los autores en el libro y, aunque ninguno se propuso hacer un listado, hubiera sido de desear que no se limitaran a dos o tres ejemplos y que hubieran intentado ofrecer un panorama más general. El pueblo argentino habría quedado menos mal parado.

En relación con la reacción exterior, algunos autores puntualizan, con razón y bien, sus fallas y tardanza, pero se apresuran a ofrecer justificativos. Así, Joel Barromi, pese a su condición de diplomático israelí, termina haciendo una de las críticas más fuertes a la población civil argentina y a sus dirigentes (incluidos los judíos), y asimismo a la comunidad internacional ("todos fallaron", dice de unos y de otra). Pero en el cuerpo de su detallado informe ("Israel frente a la dictadura militar argentina") prefiere ofrecer una suerte de ambivalencia: "Frente a los sucesos argentinos, Israel actuó en la medida de lo posible en favor de los judíos. Alemania trató de proteger a sus ciudadanos... Italia hizo lo mismo...". La verdad es que "miles de personas... quedaron sólo (como) cadáveres", como él mismo recuerda en su artículo.

En el documentado artículo de Leonardo Senkman ("Israel y el rescate de las víctimas de la represión") se intenta analizar la actuación de Israel para salvar judíos, introduciendo la perspectiva comparativa con la República Federal Alemana. Aunque en términos generales estoy completamente de acuerdo con su análisis, es necesario extender la comparación a otros países para responder a la pregunta ¿qué gobiernos denunciaron la violación de derechos humanos en la Argentina? Aunque no existan estudios sobre el comportamiento de otros gobiernos que el alemán (cuyo desempeño fue peor que el de Israel), hubiera sido importante incluir otros países que actuaron mucho mejor, como Francia, que juzgó en ausencia a responsables, o Italia, uno de cuyos cónsules declaraba oriundi a quienes no eran italianos y ofrecía pasaportes.

Y, como final, dos observaciones que se entrelazan un poco entre sí: todos fallan en explicar el acostumbramiento a la violencia de los argentinos, pues restan importancia a la del pasado; todos atribuyen excesivo valor a lo aprendido de franceses y norteamericanos, subestimando la tradición autóctona de violación de los derechos humanos. El genocidio indígena está (o estaba) demasiado cercano en el pasado, hasta el punto de ser motivo de debate; las matanzas de las guerras civiles y de la pacificación de organización nacional (Mitre y Sarmiento incluidos) son simplemente ignoradas en la enseñanza y en la vida cotidiana; un cálculo de víctimas fatales durante las huelgas en los doce años que van desde el Centenario hasta 1922, sumaría alrededor de tres mil muertos, sin contar heridos, torturados, golpeados y deportados. La primera y segunda Semana Trágica, las huelgas de agricultores y peones de campo (1912-1919 y en la Patagonia 1921-22), sólo son recuerdos literarios. Los años 30 no arrojaron muertes masivas, pero sí fueron masivos el encarcelamiento, los secuestros y la tortura por causas sindicales y políticas. Pero también los presos comunes eran sometidos a mal trato y a sevicias, violencia que legitimaba cotidianamente la violación de los derechos humanos. Durante el primer peronismo, hubo pocos asesinatos, a diferencia de las ejecuciones de la Revolución Libertadora, pero se aplicó sistemáticamente la tortura. Enumerar esta tradición de violencia local, nada más, hubiera sido más convincente que escribir que "había cierto acostumbramiento a la violencia", como expresa Feitlowitz. Esta ensayista atribuye a la última dictadura militar la represión con picana eléctrica, la parrilla, la leonera, el quirófano; pero en realidad esos términos fueron acuñados en épocas mucho más antiguas, por lo menos desde la época en que el hijo de Lugones fue Jefe de la Policía.