Dos paradigmas de política exterior argentina

Silvia T. Álvarez Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca

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Guatemala, en 1954, y Haití, entre 1991 y 1994, se convirtieron en escenarios de crisis [2] interpretadas, principalmente por Estados Unidos, como "amenazas" al sistema internacional y al americano en particular. Por ello, fueron analizadas en el ámbito de organismos internacionales: la Organización de Estados Americanos y la Organización de las Naciones Unidas. Allí se debatieron cuestiones relativas a la seguridad, el derecho de intervención, la soberanía política y la autodeterminación de los pueblos. Sin embargo, el sistema internacional asumiría en ambas oportunidades características distintas y, por lo tanto, la naturaleza de las cuestiones debatidas también poseería rasgos propios. La crisis de Guatemala fue planteada en el contexto internacional de la Guerra Fría, en tanto que la de Haití lo sería en el denominado "Nuevo Orden Mundial".

Estas crisis coincidieron con períodos en que presidentes justicialistas gobernaban la Argentina: en 1954, Juan Domingo Perón, y entre 1991 y 1994, Carlos Saúl Menem. Una manera de establecer la relación entre los modos de plantear la política exterior de ambos estadistas ante cuestiones relativas a los intereses americanos consiste en comparar los paradigmas desde los cuales formularon las decisiones asumidas ante cada una de las crisis, tal el objetivo del presente trabajo. [3] Los paradigmas serán definidos como las interpretaciones dadas sobre la estructura y el funcionamiento del sistema político internacional a partir de tres cuestiones clave señaladas por J.K. Holsti: las causas del conflicto así como las condiciones de paz y seguridad internacionales y, subsidiariamente, la naturaleza del poder; los principales actores y las imágenes del sistema internacional – sociedad de estados. [4]

La década del 50 fue testigo de un orden bipolar dominado por Estados Unidos y la URSS. Durante aquellos años, signados por la Guerra Fría, Estados Unidos buscaría reactivar el comercio internacional y el multilateralismo en el marco de un sistema político en el que iba ganando espacios el estado de bienestar, intervencionista en el campo económico, impulsor del pleno empleo y garante de la seguridad social. A partir de 1947, la política de Washington hacia el resto del mundo, en particular hacia América Latina, tuvo como principal objetivo contener al comunismo, y para ello buscaría reducir las "intromisiones" extranjeras y promover la estabilidad política en los países "amenazados" por su influencia. Constituía una respuesta a la política exterior de la URSS que, por entonces, lograba extender el comunismo a los países del Este de Europa. Se trataba de una época en la cual los Estados se constituían en los principales actores en un sistema internacional regido por políticas de poder. Por último, en un mundo anárquico amenazado por las pruebas de fuerza, la seguridad se hallaba asociada a la defensa militar de los territorios y las fronteras estatales. El principio de autodeterminación de los pueblos adquiría una importancia capital para aquellos Estados que, independientes o en vías de serlo, se consideraban amenazados por las políticas de poder emprendidas por Estados Unidos y la URSS. El sistema internacional se regiría por la seguridad colectiva ejercida por los organismos responsables de garantir la paz universal. En la práctica, consistía en la movilización militar de sus miembros, durante el conflicto o con posterioridad al mismo, basada principalmente en la disuasión y las respuestas a la agresión. Dentro de este sistema, el papel de los organismos internacionales era relativo. Así, la ONU, de alcance universal, hallaría dificultades en su accionar debido al derecho a veto de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, entre los que se hallaban las dos grandes potencias. En el ámbito regional del continente americano, las limitaciones provenían de los históricos recelos de Latinoamérica hacia la pretendida hegemonía hemisférica del gobierno de Washington, que encontraría un canal de expresión en la OEA.

En los inicios de los 90, se asiste al surgimiento de un orden multipolar liderado por Estados Unidos, la Comunidad Económica Europea y Japón, en el que dominan los conceptos de transnacionalización, interdependencia, integración y bienestar. Para las grandes potencias, la extensión de la democracia y el mercado ocupan un lugar semejante al que tuviera la contención del comunismo durante la Guerra Fría. Es un mundo crecientemente interdependiente que reduce la autonomía nacional de los Estados en términos de mutua dependencia entre los actores del sistema internacional, ya no exclusivamente representados por los Estados sino también por compañías multinacionales y organizaciones internacionales gubernamentales, entre otros. La soberanía, característica del Estado-nación, cede su paso a la necesidad de incrementar el bienestar gracias a la especialización y la división internacional del trabajo. Los gobiernos civiles tratan de imponer recortes substanciales en los gastos militares a efectos de mejorar las posibilidades de progreso socioeconómico. El objetivo consiste en mantener un mundo regido por la paz y la seguridad, pues ello permitirá liberar los recursos humanos y materiales necesarios para la promoción y el fortalecimiento de la democracia. La seguridad, por ende, es entendida fundamentalmente en términos económicos. Pero la agenda también incluye el interés por resolver cuestiones transnacionales, tales como los problemas ambientales, el terrorismo y el narcotráfico; o subnacionales, como los derechos humanos y la violencia étnica, pues se constituyen en amenazas a la estabilidad política y económica. Esto da lugar a que, en nombre de la seguridad colectiva, fuerzas multinacionales intervengan en defensa de la democracia; en alivio del sufrimiento por razones humanitarias, o bien ante intentos desestabilizadores del sistema. De manera que el concepto de seguridad ya no se encuentra tácitamente asociado a la defensa militar de los Estados, sino a la de individuos y pueblos.

En los 90, el principal actor dentro del continente americano sigue siendo Estados Unidos, pero la naturaleza de sus intereses adquiere, por lo expuesto, otras características. Si bien sigue existiendo un actor principal dentro del continente, se formula una nueva agenda. La tarea desarrollada por la ONU y las Operaciones de Mantenimiento de la Paz constituyen una clara manifestación de ello. Al principio de seguridad colectiva se agrega el de seguridad cooperativa, asociado a la prevención de los conflictos a través de medidas de incremento de la confianza y disminución de la capacidad y el potencial de agresión de cada Estado. En el mismo sentido, la OEA comienza a estructurar un andamiaje jurídico que acompaña la tarea desarrollada por la ONU. En Latinoamérica, si bien existen recelos por los móviles hegemónicos de Estados Unidos, ahora el principal gendarme a nivel mundial, rige un mayor compromiso con la tarea desarrollada por los organismos internacionales.

La Argentina en el contexto internacional. Paradigmas y política exterior
Durante la Segunda Guerra Mundial, el régimen militar (1943-1946), en el que tendría un creciente protagonismo el coronel Juan D. Perón, había adoptado una postura neutral, a pesar de las crecientes presiones de Estados Unidos. Recién en marzo de 1945, consciente de la posibilidad de un futuro y perjudicial aislamiento, declaró la guerra al Eje. Se iniciaba entonces la búsqueda de la reinserción en el sistema internacional. [5] El desafío sería asumido por Perón, quien ascendería a la presidencia a través de elecciones democráticas, en medio de una campaña política en la que se entremezclaba la oposición interna liderada por la Unión Democrática y la de Washington, por medio de su embajador en la Argentina, Spruille Braden, encargado de difundir la imagen de Perón asociada al nazismo. El apoyo provendría del Ejército, la Iglesia y, fundamentalmente, los sectores obreros, los más sensibles a la bandera de la Tercera Posición. Según Juan D. Perón (1946-1955), el fin de la Segunda Guerra Mundial dejó frente a frente no sólo a potencias imperialistas poderosísimas con tendencias predispuestas al choque --representadas por Estados Unidos y la Unión Soviética-- sino estilos de vida y formas de civilización que aspiraban a defenderse unas y a imponerse otras. En su opinión, del enfrentamiento entre ambas formas de imperialismo, el comunismo tendría mayores posibilidades de triunfo debido a que el sistema capitalista no podía ofrecer otra doctrina que el fracasado individualismo liberal. Por lo tanto, no quedaba para Occidente otra solución que adoptar un capitalismo humanizado.

Su propuesta consistía en construir un Estado que asegurara la felicidad del individuo en comunidad. La doctrina de la "Tercera Posición" [6] se presentaba como el medio a través del cual el Estado podría cumplir con su misión, ya que defendía la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. La paz universal, sostenía Perón, sería posible cuando la justicia social reinara en cada pueblo. Pero, dado que ésta sólo podría existir cuando el Estado ejerciera el dominio económico sobre sus riquezas, una prioridad era el logro de la independencia económica, que se constituía en la base de la Tercera Posición. Finalmente, lograda la justicia social y la independencia económica, era posible la soberanía política y, por lo tanto, estaban dadas las bases para una política propia e independiente que pudiera oponer resistencia al avance de los imperialismos a través de la Defensa Nacional, garante estatal de la seguridad territorial. La soberanía interna estaba representada por el mantenimiento del orden y el cumplimiento de las leyes dentro del territorio nacional, en el marco del respeto a la justicia y el bien común. La soberanía externa significaba la independencia de todo Estado respecto de otro, el respeto a la autodeterminación de los pueblos y la no ingerencia en sus problemas internos. Sin embargo, ésta también tenía límites en el Derecho Internacional y los acuerdos entre los Estados. Dado que la soberanía era considerada sagrada, el país iría en auxilio de cualquier nación vecina que fuera agredida por potencias lejanas y poderosas. Y, en este sentido, no toleraría la intromisión de otros países en los asuntos internos de la Argentina ni las presiones externas tendentes a hacer olvidar los preceptos nacionales sobre esta cuestión. [7]

Su interpretación de la estructura y el funcionamiento del sistema internacional puede inscribirse en el marco del "paradigma tradicional". Los Estados se constituyen en los actores centrales. La característica específica de las relaciones internacionales es la legitimidad del recurso a la fuerza y la separación de las esferas de la política interna y externa. En un sistema anárquico, el poder es el principal componente de las relaciones internacionales y el equilibrio de poder, la dinámica que pretende asegurar un mínimo orden en pos de la supervivencia de los propios Estados. Se trata, por tanto, de una interpretación estatocéntrica, en donde Estados Unidos y la URSS son los principales actores y donde el conflicto, representado por las ambiciones imperialistas, constituye la principal amenaza a la paz y seguridad del sistema internacional. Debido a que la condición esencial para que un Estado pueda perseguir el interés nacional en un mundo anárquico consiste en garantizar su supervivencia frente a la competencia de los otros Estados, la visión del interés nacional se centró en la seguridad, directamente vinculada con la igualdad jurídica de los Estados. Los organismos internacionales ejercen una función mediadora y en su accionar pueden enfrentarse a los Estados que sostienen el principio de soberanía, la autodeterminación de los pueblos y el rechazo a la intervención.

Desde este paradigma, la Tercera Posición, definida como una doctrina independiente, alejada de los extremismos, buscaba mantener buenas relaciones con Estados Unidos, ya que si bien el orden vigente era de naturaleza bipolar en términos estratégicos y políticos, desde un punto de vista económico existía una potencia hegemónica. De ahí que pese a que las diferencias con Washington se mantuvieron, y en ocasiones se agravaron, ello respondió a la distinción entre los intereses de la comunidad occidental en su conjunto y los propios de Estados Unidos, en su carácter de potencia hegemónica. Tal como lo definiera Juan Carlos Puig, la política exterior de Perón se inscribía dentro de una "autonomía heterodoxa". La ratificación de las Actas de Chapultepec y del TIAR, la posición ante la Guerra Fría, así como las reiteradas declaraciones oficiales en relación a la postura pro occidental del país, eran manifestaciones del acercamiento a Estados Unidos. Sin embargo, la insistencia de Perón en el principio de independencia económica, aun después de 1950, cuando propició el ingreso de capitales estadounidenses al país, y su interés en impulsar la integración económica y cultural con Latinoamérica fueron manifestaciones de una orientación autónoma. [8]

En los inicios de los 90, la Argentina se enfrenta con un contexto mundial diferente [9] y, consecuentemente, con otros desafíos. También en el ámbito interno la situación es otra.En 1983 se ha reinstaurado la democracia bajo la presidencia de Raúl Alfonsín, tras siete años de dictadura militar. El centro de la escena política hacia finales de su gestión está ocupada por las demandas económicas y sociales. El aumento de la deuda externa, el incremento de las prácticas proteccionistas en el comercio internacional, el deterioro permanente en los términos de intercambio, el drenaje de divisas de los países subdesarrollados, la emergencia de un nuevo paradigma tecnológico productivo y el afianzamiento de los bloques económicos tornan necesario reformular las estrategias de desarrollo.Pero el detonante final se produce en el ámbito interno con la hiperinflación de 1989 y el consecuente desborde social que han obligado a Alfonsín a dejar el poder unos meses antes de lo establecido por la Constitución. Es entonces cuando asume la presidencia Carlos S. Menem.

Menem (1989-1999) percibe la existencia de una aldea global, liderada por Estados Unidos, donde la interdependencia y la integración son principios fundamentales.La seguridad y la defensa nacional adquieren un nuevo significado. La seguridad es definida en términos de objetivos comunes a cumplir por toda la humanidad: defensa de la democracia, la libertad, los derechos humanos, el desarrollo y la justicia social. De este modo, desaparece el interés nacional asociado a la necesidad de seguridad en un mundo anárquico y, por el contrario, se constituye en sinónimo de bienestar, sólo alcanzable a través de la integración supranacional. Las fronteras ya no actúan como barreras entre los Estados sino como formas de integración.La soberanía es definida como poder a través del cual el Estado ha de promover el desarrollo y la seguridad de toda la comunidad, y de los individuos que la integran, en el marco de sus fronteras y fuera de ellas. De acuerdo a tales percepciones, Menem, que ha transformado al Estado de acuerdo a los principios del neoliberalismo y que, por lo tanto, asigna al individuo un nuevo papel, propone la reinserción económica de la Argentina y, en la búsqueda de esa reinserción, acepta participar dentro de la comunidad mundial para hacer frente a las oportunidades y desafíos que ésta ofrece, propiciando el alineamiento con Estados Unidos, consciente de la marginalidad de la Argentina en el contexto internacional y del liderazgo hegemónico de aquel país.La política exterior se definirá entonces, principalmente, por la relación que asuma el país con Estados Unidos, sobre todo en el área de la seguridad. [10] La seguridad y la soberanía aparecen nuevamente relacionadas, pero con un alcance muy distinto al asignado casi cincuenta años atrás.

Su interpretación del sistema internacional puede inscribirse en el "paradigma de la sociedad mundial", pues adquiere importancia la dimensión transnacional, y esencialmente económica, en el marco de un sistema de naturaleza cooperativa. En este sentido, asumen un especial protagonismo los organismos internacionales, entre ellos, la ONU y la OEA. La autoridad que se les reconoce conduce a una relativización del derecho de intervención, que se transforma en derecho de ingerencia. La soberanía deja de ser una barrera entre los Estados para constituirse en principio vinculante entre los Estados y en el marco de éstos.

Desde este paradigma, Menem denomina a la política exterior de su gestión como "Idealismo Pragmático" o "Realismo de Interés," [11] y ello debido a que las transformaciones a implementar dentro del país no responden a ideas de derecha o izquierda sino a los beneficios o perjuicios que puedan acarrear a sus habitantes. Tal como lo sostiene Carlos Escudé, la propuesta se inscribe dentro de un "realismo periférico". [12] De esta manera, decidida a asumir el alineamiento con Estados Unidos, y aun cuando dentro de sus prioridades se encuentre la integración económica en el ámbito del MERCOSUR, la administración menemista auspicia desde los organismos internacionales la política de Washington, interviene en operaciones de paz, se retira del movimiento de No Alineados, condena al gobierno de Cuba por no respetar los Derechos Humanos, renuncia al Proyecto Cóndor, ratifica el Tratado de Tlatelolco y participa de conferencias y acuerdos tendentes a la preservación del medio ambiente, la prohibición de armas químicas y el empleo de la energía nuclear con fines pacíficos.

La posición oficial argentina: las crisis de Guatemala y Haití
En 1950 el coronel Jacobo Arbenz era elegido presidente de Guatemala. Su filiación comunista fue percibida por Estados Unidos como una amenaza a la seguridad del sistema internacional y americano en particular, en momentos en que el contexto global se hallaba regido por la Guerra Fría. [13] Su programa incluía la expropiación de ciento sesenta mil hectáreas de tierra a una compañía estadounidense. Washington manifestó entonces que se estaba ante el peligro de que en Guatemala se estableciera una cabeza de puente comunista. Por ello, buscó la sanción de principios que condenaban el comunismo como extraño al orden político de la región y propuso su aplicación al caso de Guatemala. Bajo sus instancias, el caso fue analizado en la X Conferencia Interamericana que tuvo lugar en Caracas entre el 1 y el 28 de marzo de 1954. El resultado fue la condena al comunismo internacional y la decisión de convocar una Reunión de Consulta para la adopción de medidas concretas.

Según Remorino, la misión del interamericanismo debía definirse y explicarse como la lucha por convivir al amparo de un Derecho que tuviera en consideración las necesidades sociales, en el ámbito interno, y el respeto a la soberanía, en el área internacional. [14] De ahí la importancia de la democracia integral, por la cual se reconocían los derechos económicos y sociales de un pueblo. De ahí que la prosperidad económica de un país debía conducir al bienestar social, entendiendo por éste la realización de los fines humanos del individuo dentro de una comunidad organizada. Sin embargo, y en una evidente alusión a los Estados Unidos, para el gobierno argentino existía un obstáculo fundamental a la implementación de tales principios: las "injusticias del individualismo capitalista". Por lo tanto, si bien admitía que el comunismo representaba una amenaza para la seguridad de los países americanos, tal como lo sostenía Estados Unidos, consideraba que la verdadera amenaza encontraba sus raíces en la pobreza de sus pueblos, los cuales depositaban sus esperanzas en ideologías que, aunque contrarias a su formación, prometían proveer el bienestar buscado. También en una implícita alusión a Estados Unidos, señalaba que "... sólo el reconocimiento de la necesidad de facilitar por todos los medios, sin escatimar ninguno, el desenvolvimiento económico acelerado de los países en desarrollo o menos evolucionados, permitirá que esa transformación ineludible pueda llevarse a cabo sin que la paz y la seguridad de la humanidad sean perturbadas...". [15]

El 8 de marzo, Remorino abandonaba las sesiones y regresaba a Buenos Aires. Como refiere Juan A. Lanús, su partida es un hecho que no ha podido explicarse. [16] Su precipitado alejamiento parecía revelar la intención del gobierno argentino por mantener un perfil bajo en la Asamblea. [17] Los discursos, a partir de entonces, asumieron un tono más moderado en las críticas al sistema internacional y, más precisamente, hacia Estados Unidos. [18]

Para Muñoz, quien a partir de entonces presidió la delegación, la solución a los problemas americanos se hallaba en la solidaridad, la cooperación y la superación de los graves problemas económicos que padecían los pueblos latinoamericanos y debía tener por base el respeto a la igualdad jurídica de los Estados, la soberanía y el principio de no intervención. [19] De ahí que la Argentina sostuviera que era prerrogativa de los pueblos elegir el sistema de gobierno que prefirieran ya que, en el caso contrario, equivaldría a dar "un golpe mortal a América". De ahí también que, en una evidente referencia al caso de Guatemala, negara facultades a la Conferencia para constituirse en tribunal que juzgara cuestiones propias de otro Estado. En este sentido, la Argentina estaba dispuesta a suscribir una fórmula que expresara la condena a una ideología foránea sólo cuando constituyera una intervención en los asuntos internos de los Estados americanos. Finalmente, esta fórmula debía tener como pilar el derecho de los pueblos a darse sus propias instituciones. [20]

Las enmiendas argentinas al proyecto original se correspondían con los postulados referidos: la solidaridad americana como única e indivisible, aplicable a cualquier amenaza extracontinental; la condena a las actividades del movimiento comunista internacional cuando éstas llegasen a representar una intervención en los asuntos internos de los Estados americanos; la consulta y aplicación de los tratados existentes a fin de contrarrestar la amenaza, sólo en el momento en que se produjeran los hechos y, base fundamental de las enmiendas, el respeto al principio de autodeterminación de los pueblos. [21]

Hasta aquí las observaciones realizadas al proyecto de resolución presentado por Estados Unidos. Los motivos por los cuales la Argentina adoptó esta postura encuentran su más clara expresión en las palabras del delegado Juan Carlos Vittone, quien entonces definió el intervencionismo como sinónimo de "bradenismo". [22]

El 13 de marzo se aprobó la Resolución XCIII, con el voto en contra de Guatemala y las abstenciones de México y la Argentina. Durante la sesión de la Asamblea y, más tarde, en declaraciones públicas, Muñoz se limitaría a referir que la votación había quedado claramente fundamentada en el desarrollo del debate.Señaló que sólo había votado favorablemente dos párrafos de la resolución: el que reiteraba la fe en la democracia representativa y el relativo al reconocimiento inalienable de cada Estado americano a elegir libremente su propia forma de gobierno, su sistema económico y su propia vida social y cultural. [23] "El voto argentino no respondió a una instrucción oficial. La delegación había producido y enviado a Buenos Aires un memorando sobre las posibles actitudes a adoptar, pero la Cancillería no envió respuesta. Días después, cuando un miembro de la delegación regresó a Buenos Aires, un empleado le entregó un sobre cerrado. Dentro de él estaba el memorando que se había preparado. El ministro Remorino nunca lo había abierto...". [24]

Ante las objeciones latinoamericanas, finalmente la cláusula anticomunista presentada por Estados Unidos establecía que el dominio o control de las instituciones políticas de cualquier Estado americano por parte del movimiento comunista internacional, que tuviera por resultado la extensión del sistema de una potencia extracontinental al territorio americano, constituiría una amenaza a la soberanía e independencia política de los Estados americanos, pondría en peligro la paz y exigiría una reunión de consulta para considerar la adopción de las medidas procedentes de acuerdo con los tratados existentes. Su importancia radicaba, por lo tanto, en que señalaba el entronizamiento del comunismo en cualquier Estado americano como un supuesto para aplicar el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR).

En mayo de 1954, Guatemala recibía un cargamento de armas proveniente de Checoslovaquia. Ante este hecho, mientras fuerzas conjuntas hondureño-estadounidenses, dirigidas por Carlos Castillo Armas –un oficial exiliado en Honduras– derrocaban a Arbenz, Estados Unidos solicitaba una reunión de la OEA para considerar el desembarco de armas en Guatemala y proponer, en caso de que la invasión fracasara, un bloqueo al país con el propósito de impedir nuevos desembarcos, invocando para tal caso el artículo 6 del TIAR. Por su parte, Guatemala llevaba el asunto al ámbito del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Sin embargo, la intervención del Organismo Regional y la invocación del TIAR evitarían que el Consejo de Seguridad incluyera el tema en su agenda.Estados Unidos no deseaba que la ONU abordara la cuestión porque habría dado lugar a que la URSS denunciara la intromisión de Washington en los asuntos de Guatemala.El 26 de junio, diez miembros de la OEA, entre los cuales se hallaba Estados Unidos, convocaron a una reunión de consulta debido a la intervención evidente del movimiento comunista internacional en la República de Guatemala y al peligro que entrañaba para la paz y la seguridad del continente americano. Si bien el 28 de junio la OEA aceptaba la propuesta estadounidense, la reunión de consulta programada para el 7 de julio en Río de Janeiro fue aplazada sine die y el caso oficialmente cerrado. [25] Mientras era claro que los organismos regionales prevalecieron sobre las Naciones Unidas, la crisis fue resuelta a través de la fuerza de las armas. La invasión había sido exitosa.Estados Unidos había logrado que ni la OEA ni la ONU pudieran acudir en apoyo de Arbenz, conociéndose luego que la Agencia Central de Inteligencia había integrado la invasión. [26]

La Argentina, a través del embajador Vittone, había apoyado la convocatoria de la reunión. [27] Respecto de la discusión sobre si un país podía dirigirse a las Naciones Unidas, apoyó la libertad de todo Estado americano de acudir a dicho organismo. [28] Esta declaración había sido defendida también con argumentos jurídicos y políticos por Rodolfo Muñoz meses antes en el propio ámbito de la OEA, donde destacó la importancia de la ONU en la salvaguarda de la paz y la seguridad internacionales y su preeminencia sobre el organismo regional. [29]

La delegación argentina sostuvo también que debían agotarse los métodos pacíficos antes de recurrir a los procedimientos establecidos en el Tratado de Río. Si la reunión se realizaba, debían tratarse todas las acciones internacionales que violaban el principio de la no intervención, haciendo una alusión indirecta al apoyo dado por ciertos países del continente –entre los cuales se hallaba Estados Unidos– a las fuerzas de invasión encabezadas por el coronel Castillo Armas. [30]

La votación argentina estuvo a cargo de Hipólito Paz. Fundamentó su abstención en el hecho de que si bien era cierto que el presidente Arbenz había sido derrocado, la reunión de consulta era necesaria para tratar no sólo la acción del comunismo internacional, sino también la intervención militar contra el gobierno de Guatemala. [31] Años más tarde, Paz recordaría su sorpresa ante la requisitoria del gobierno argentino para que reemplazara a Vittone en el momento de la votación con la instrucción de abstenerse de aprobar la propuesta de Estados Unidos de postergar la reunión sine die. "... No podía entender lo que leía. ¿Por qué yo, embajador ante la Casa Blanca, debía sustituir al embajador Vittone y votar de una manera no considerada contra el Departamento de Estado? ¿Por qué a mí, que era el intérprete y ejecutor de una política de entendimiento con los Estados Unidos, se me ponía en el trance de asumir esa posición? ¿Por qué crearme lo que podría haber sido un roce con el embajador Vittone? No lo sé...". [32]

De acuerdo a lo expuesto, la posición oficial de la Argentina ante la crisis de Guatemala puede ser interpretada desde el "paradigma tradicional", pues fue considerada como una manifestación de las aspiraciones imperialistas por intervenir en la vida interna de un Estado americano. Primaron la defensa de la soberanía y el rechazo al derecho de intervención. La posición argentina revelaba la decisión de poner obstáculos al "imperialismo estadounidense". Precisamente en relación a estos principios, cabe destacar las referencias de la delegación argentina a la misión de los organismos internacionales en la salvaguarda de la paz y la seguridad internacionales. La delegación sostuvo siempre la preeminencia de la ONU sobre la OEA. Esa posición encontraba sus orígenes en el proceso que condujo a la adhesión a la Carta de San Francisco y la ratificación de las Actas de Chapultepec (1944-1946), y que se encontraban directamente vinculadas con la defensa del principio de soberanía política y a la autodeterminación de los pueblos. Las instrucciones que, en carácter de Ministro de Guerra durante el gobierno de Farrell, brindara Perón a la delegación militar que se dirigió a Washington con la misión de participar en los trabajos de la Junta Interamericana de Defensa son ilustrativas al respecto.Su estrategia contra el peligro que para las naciones débiles representaba el imperialismo preveía "el imperio del derecho, de la justicia y del respeto de la soberanía" y "la unión automática de todos los demás países contra el agresor". En dichas instrucciones también señalaría que por entonces el uso de la fuerza por parte del más poderoso –Estados Unidos– no podría ser contrarrestado ni aun a través de la reunión de los restantes estados americanos. Por ello, desde el punto de vista militar, para la Argentina tenía más importancia la participación en las Naciones Unidas que en el sistema interamericano.

Por otra parte, la elección de los delegados reflejaba las dos posturas que el oficialismo intentaba mostrar en el escenario internacional e interno. Jerónimo Remorino, personaje ligado a una actitud autónoma y aun confrontacionista con Estados Unidos, participaría en la primera parte de las sesiones que tuvieron lugar en la OEA, asumiendo una postura contraria al intervencionismo estadounidense en Latinoamérica. Parecía responder con ello a los reclamos de un importante sector de la sociedad civil argentina –representado principalmente por los obreros y grupos sindicales, sobre los cuales se sustentaba en buena medida el apoyo electoral de Perón– y se correspondía también con la posición general asumida por los países latinoamericanos. [33] Las felicitaciones del ministro al representante guatemalteco luego de su discurso, el envío de una misión técnica ministerial a la URSS para examinar maquinaria agrícola y equipos petrolíferos y carboníferos en función del intercambio bilateral y la visita a Buenos Aires de una delegación comercial de la República Popular China constituían signos de la distancia entre la Argentina y el gobierno estadounidense. A ello se agregaba que, en los meses siguientes a la Conferencia, el gobierno argentino despachó aviones para recibir en el país a numerosos exiliados guatemaltecos.

Sin embargo, la identificación que Rodolfo Muñoz hiciera durante la Conferencia entre "bradenismo" e intervencionismo era un indicio del intento por evitar un enfrentamiento directo con Estados Unidos. La delegación argentina había recibido instrucciones de no atacar la política estadounidense en América Latina sino el "bradenismo", una fórmula que personalizaba el conflicto en el ex embajador en Buenos Aires, Spruille Braden, enemigo de Perón y partícipe en el derrocamiento del gobierno de Guatemala. [34] En el mismo sentido debe interpretarse la elección de Hipólito J. Paz como delegado que votó por la abstención en ocasión de tratarse el diferimiento de la reunión de consulta. Paz era considerado entre los círculos oficiales de Washington como un personaje que propiciaba el acercamiento con Estados Unidos. [35] Su discurso, además, constituía una "perfecta" expresión del tercerismo peronista. Allí planteó la necesidad de investigar los sucesos militares que condujeron a la destitución del presidente, otra forma de intervención en la vida interna en los estados americanos, pero también comulgaba con el anticomunismo estadounidense. Más aún, el 28 de junio Perón enviaba una carta a Milton Eisenhower en donde sugería que se realizara una reunión de consulta hemisférica sobre el problema del comunismo, cualquiera fuera el resultado del conflicto en Guatemala, y ofrecía a Buenos Aires como sede de la misma. Otra muestra del compromiso argentino en la lucha contra el comunismo fue la garantía de que, ante los reclamos de la embajada de Estados Unidos, el ex embajador de Arbenz no pronunciaría conferencias públicas y que ningún legislador oficialista concurriría a una reunión, a efectuarse en Santiago de Chile, solidaria con el gobierno derrocado. Además, algunos exilados fueron detenidos en la cárcel de Villa Devoto y enviados luego a Polonia. También se endureció la represión anticomunista y en reiteradas ocasiones Perón ratificó ante funcionarios estadounidenses su compromiso en tal sentido, así como su cooperación con el gobierno de Washington.

Los diez años de la denominada Primavera Democrática (1944-1955) habían representado la posibilidad de instrumentar vías legales para la implementación de cambios. Respuestas a demandas sociales, como los derechos otorgados por la constitución de 1945 a la ciudadanía general y a los grupos indígenas, el Código de Trabajo de 1946, la Reforma Agraria de 1952, entre otras, posibilitaron la formación de organizaciones y movimientos sociales en el campo (como los comités agrarios) y en la ciudad (sindicatos, organizaciones profesionales, estudiantiles, partidos políticos, etc.), así como canales políticos para la participación. Tras 1954 surgieron nuevos planteamientos de autoritarismo y desde la esfera del poder gubernamental se recurrió al empleo de la violencia ilimitada contra la oposición. Guatemala se sumió en una larga guerra civil. La paz se firmaría en 1999. Entonces, el presidente Bill Clinton afirmó que el apoyo dado en el pasado por Estados Unidos a la represión en ese país fue "un error que no debe volver a repetirse". [36] Aquella declaración debía comprenderse en el marco de un contexto decisional caracterizado por la existencia de un "Nuevo Orden Mundial". Se presentaba una renovada agenda asociada a la seguridad, entendida en términos económicos y avalada por valores democráticos. La crisis de Haití se desarrollaría en el marco de este proceso en donde, nuevamente, Estados Unidos y los organismos internacionales ocuparían el papel central. [37]

En Haití, ante el denominado "Nuevo Orden Mundial", la caída del gobierno constitucional de Jean Bertrand Aristide, el 29 de septiembre de 1991 [38] , por obra de un golpe de estado, es considerada por Estados Unidos como una amenaza a la seguridad política internacional. A partir de entonces, la Organización de Estados Americanos y las Naciones Unidas intentarán buscar los medios a través de los cuales presionar al gobierno de facto para dejar el poder. Finalmente, el 31 de julio de 1994, el Consejo de Seguridad de la ONU aprueba la Resolución 940 que autoriza a una "fuerza internacional" a emplear todos los medios necesarios para restaurar a las autoridades legítimas en Haití. Pocos días antes, el depuesto presidente Aristide solicita una "acción rápida y definitiva para terminar con el gobierno golpista". La decisión de cómo y cuándo intervenir queda así en manos de Estados Unidos. El 15 de septiembre, anuncia la intervención. Pero la mediación del ex presidente Carter transforma la invasión ya en marcha en una ocupación pactada con los militares haitianos. [39]

La posición oficial de la Argentina ante la crisis de Haití difiere de la asumida casi cincuenta años antes. En 1954, según la percepción gubernamental, la amenaza a la seguridad del continente americano provenía del comunismo, pero sólo en tanto constituyera una intromisión en su soberanía. No obstante, el verdadero peligro provenía del propio individualismo capitalista, liderado por Estados Unidos, por desconocer las demandas económicas y sociales de los pueblos de América y conducir a éstos en la búsqueda de ideologías que, aunque extrañas a su formación, fueran capaces de proveerles de la justicia social buscada. De ahí que se pusieran obstáculos al derecho de intervención propuesto por Estados Unidos en Guatemala, porque la mayor amenaza provenía del propio intervencionismo de Washington y, por ende, de su política de poder. Primaron entonces los conceptos de soberanía y autodeterminación de los pueblos. De ahí, la abstención de la Argentina en la X Conferencia Panamericana y su apoyo a que los estados americanos acudieran a la ONU en la búsqueda de una solución a los problemas regionales en los que se vieran amenazadas la paz y la seguridad. De ahí también la insistencia en que el caso de Guatemala fuera investigado en la OEA, aun cuando la crisis se hubiese superado por obra de la intervención de fuerzas extranjeras y a causa de la instauración de un gobierno anticomunista.

En 1991, la amenaza proviene de las propias instituciones haitianas porque la seguridad del continente americano depende, entre otros factores, de la existencia de gobiernos democráticos garantes del orden y la estabilidad necesarios para llevar adelante políticas que permitan el funcionamiento de una economía mundial basada en la transnacionalización, la interdependencia y la integración. De ahí que la soberanía y autodeterminación de los pueblos encuentren sus límites en el derecho de intervención, pues éste ha de salvaguardar la democracia y los derechos humanos. Por ello, la Argentina apoya permanentemente las gestiones realizadas por Estados Unidos en pos de una solución a la crisis, trabaja activamente desde el seno de los organismos de la OEA y la ONU y llega a proponer el uso de la fuerza cuando considera que la tarea de los organismos internacionales, pese a sus esfuerzos diplomáticos, no obtiene los resultados esperados. Apoya la posición estadounidense, proclive a la intervención armada en Haití, participando en la fuerza internacional auspiciada por la ONU, encargada de garantizar el cumplimiento del embargo petrolero y de armas decretado por el Consejo de Seguridad el 16 de octubre de 1993, y en el despliegue de fuerzas de la ONU para relevar a la fuerza de intervención encabezada por Estados Unidos, el 1 de febrero de 1995.

La postura oficial, crítica al golpe de estado y comprometida con la intervención en Haití, se pone de manifiesto inmediatamente ocurridos los hechos. El 1 de octubre de 1991, la Cancillería distribuye un comunicado en el cual se manifiesta una enérgica condena a los sucesos y expresa que el presidente Aristide y todas las autoridades constitucionales deben ser inmediatamente repuestas en sus funciones. En el mismo comunicado se advierte que no se reconocerá a ningún gobierno surgido de actos facciosos e invita a la comunidad internacional a que acompañe las decisiones que se adopten con el propósito de restaurar la democracia.De manera que la amenaza no es extracontinental ni ideológica, como ocurriera en la crisis de Guatemala, proviene de las propias instituciones de un estado americano y se cierne sobre su democracia y los derechos humanos de ese estado. Se abre paso al derecho de intervención, justificado por Carlos Menem del siguiente modo: "El principio de no intervención tuvo su razón de ser en otras épocas, pero hoy ha dejado de ser absoluto para pasar a ser relativo.Hoy el mundo se ha convertido en interdependencia". [40]

Los fundamentos de esta postura se encuentran en una nueva interpretación del concepto de seguridad. La amenaza a la soberanía de un estado no proviene del exterior sino que surge del mismo y, en un mundo interdependiente, puede perturbar la estabilidad necesaria para el funcionamiento del orden mundial. [41] La defensa, por lo tanto, no incluye solamente la esfera militar sino, básicamente, la consolidación de la democracia representativa junto con la promoción y protección de los derechos humanos, la lucha contra la pobreza y el mejoramiento de la calidad de vida de los pueblos americanos. Sin embargo, la democracia constituye un valor fundamental y fundacional sobre el que descansan los restantes. La nueva interpretación dada al concepto de seguridad y la naturaleza de las amenazas que se ciernen sobre el continente americano obligan a la OEA, según la percepción oficial argentina, a asumir un nuevo protagonismo que incluye, por tanto, su derecho de intervención en los Estados. Aun en medio de las diferencias que se evidencian en el seno del gobierno [42] ante la cuestión de Haití, existe una posición oficial que tiene por finalidad presentar una imagen que refleje la decisión del estado argentino por demostrar su alineamiento junto con Estados Unidos, pese a las críticas que ello despierta en el seno de los países latinoamericanos. Por eso, el ministro Guido Di Tella, desde aquel organismo regional, y el embajador Emilio J. Cárdenas, desde la ONU, [43] promueven y apoyan medidas en pos del derecho de intervención. Así, por ejemplo, Di Tella declara entonces ante la OEA que ésta "... a veces en el pasado ha sido vista injustamente como una vía de penetración de algunos países con respecto a otros. Esto no ha sido cierto y ciertamente no es cierto hoy, ni de los países más grandes, como en el caso de los Estados Unidos con respecto al resto de la región ni de los países grandes con respecto a países medianos, y los medianos con respecto a los chicos. La OEA es un organismo que nos contiene a todos, es nuestro mecanismo, nuestra arma de defensa de cada país y de la soberanía de cada país. Esto, en la medida en que lo creamos vivamente, nos va a hacer menos reticentes a otorgarle a la OEA nuevas atribuciones y nuevos poderes, porque son los poderes nuestros, no son los poderes ajenos o de algún organismo ajeno, que no los controlamos entre todos". [44]

De acuerdo a esta perspectiva, el 4 de octubre el diario La Nación anuncia en sus titulares que "la Argentina podría intervenir militarmente". Di Tella señala entonces que el país se encuentra dispuesto a tomar esta decisión si los responsables del golpe no reponen a Aristide. En este sentido, reconoce que el uso de la fuerza constituye una medida sin antecedentes y un cambio de percepción, resultado del nuevo orden mundial, así como una clara advertencia a todos los "aspirantes golpistas que tenemos en la región". Afirma también que, para quienes interpretan que se estaría violando el principio de ingerencia en los asuntos internos de los Estados, "antes de esa consideración está el principio de no permitir la violación de los derechos humanos". [45] Estos conceptos son ampliados unos días después por el propio ministro. Declara entonces que la Argentina pretende liderar en el continente una iniciativa por la cual se repudie enérgicamente cualquier "aventura golpista", iniciativa que no excluye la intervención militar y reconoce la influencia de la Doctrina Betancourt, que propiciaba el no reconocimiento de los regímenes de facto. [46]

Por lo expuesto, corresponde a la OEA la responsabilidad de abocarse al rediseño del sistema de seguridad hemisférico, a la luz de las nuevas circunstancias internacionales. En este sentido, la Argentina, en octubre de 1991, propone modificaciones a la Carta del Organismo Regional tendentes a hacer que éste tenga un mayor poder de resolución. La propuesta de intervención militar frente a golpes de estado registra un antecedente en la sugerencia realizada a países del Cono Sur en los primeros días de marzo de 1991. [47] El gobierno realiza una presentación formal en la OEA a través de Hernán Patento Meyer, proponiendo una modificación en la Carta que contemple contar con fuerzas de paz a fin de defender la democracia. [48] Al año siguiente, también ante una iniciativa argentina, la OEA decide suspender a los gobiernos de los países miembros que surjan de golpes de estado. [49]

Pero la Argentina también participa de las sesiones del Consejo de Seguridad [50] en carácter de miembro no permanente durante el período 1994-1995. Desde allí, el delegado ante aquel organismo, Emilio J. Cárdenas, continuará con los argumentos esgrimidos desde la OEA para dar solución a la crisis de Haití.

El 31 de julio de 1993, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas decide acudir al uso de la fuerza en Haití y, de esta manera, allana el camino para una invasión encabezada por Estados Unidos con la intención de reinstalar en el poder al derrocado Jean Bertrand Aristide. La resolución, auspiciada por Estados Unidos, Canadá, Francia y la Argentina, es aprobada por doce votos a favor, ninguno en contra y tiene la abstención de Brasil y China. Mientras tanto, países latinoamericanos como México, Uruguay, Venezuela y Cuba, aunque no participan del Consejo, cuestionan la intervención. La Argentina y el gobierno derrocado de Haití se constituyen así en los únicos países que respaldan la propuesta. [51]

En la 3376ª sesión del Consejo de Seguridad del 6 de mayo de 1994, Emilio J. Cárdenas señala que: "La tragedia de Haití, por su dimensión, excede a sus fronteras. Ya la comunidad internacional no acepta que la violación grave y sistemática de los derechos humanos en el territorio de un estado nacional sea simplemente un asunto de su exclusiva incumbencia". [52] El mismo Cárdenas amplía estos conceptos en la sesión correspondiente al 31 de julio. En aquella ocasión afirma que "Este Consejo de Seguridad tiene bien claro que la solución de la crisis haitiana pasa por la restauración del régimen democrático. Esto, en rigor, supone tanto respetar y respaldar la soberanía del pueblo de Haití, que fuera avasallada y usurpada por quienes hoy detentan ilegítimamente el poder en ese país, como también poner término a una crisis humanitaria de proporciones en un mundo abierto, en la que este Consejo consideraba que hay un nivel de atrocidades que ya no puede esconderse detrás de una frontera". [53]

Los buques de la Armada cooperan con la Fuerza Multinacional que –en cumplimiento del mandato de la ONU– desplaza a la dictadura militar del poder. [54]

En 1994, la Gendarmería colabora en el cierre de la frontera de Haití con la República Dominicana a través del Grupo Multinacional de Observadores (MOG). Desde octubre de 1993 y hasta octubre de 1994, los buques de la Armada cooperan con los de otros países con el propósito de asegurar el cumplimiento del embargo comercial, dispuesto por el Consejo de Seguridad, por medio de las corbetas ARA Grandville, ARA Guerrico y ARA Drummond.

Desde el 25 de septiembre de 1994, la Argentina también participa de la Fuerza Multinacional (MNF), autorizada por la resolución 940 del Consejo de Seguridad, para lo cual proporciona una unidad de 107 policías civiles de la Gendarmería Nacional. Interviene primero para asegurar que la resolución que la aprueba incluya toda una novedosa serie de garantías, aceptadas por el Consejo, para delimitar el accionar: la especificidad del respectivo mandato, la determinación de un límite temporal para la operación y la presencia de observadores de la ONU que –junto a la Fuerza Multinacional– aseguren el respeto a los derechos humanos de la población haitiana. Posteriormente, participa con efectivos de la Gendarmería Nacional y con un avión de la Fuerza Aérea Argentina en la Operación para el Mantenimiento de la Paz.

A partir del 1 de abril de 1994, fecha de traspaso de la operación de la Fuerza Multinacional a la Misión de las Naciones Unidas en Haití (UNMIH), la Argentina participa por medio de una unidad de 101 efectivos de la Gendarmería Nacional. En septiembre, la mencionada unidad se ve reducida, por razones presupuestarias, a 45 integrantes. Asimismo, se envía un avión Fokker F-27 con 15 efectivos. [55]

La colaboración con las OMP se reitera también en Kuwait, Chipre, Croacia, Bosnia-Herzegovina, Angola, Camboya, Ruanda, el Medio Oriente, Sahara Occidental, El Salvador y Guatemala. El apoyo a la ONU, considerada escenario central de la política exterior argentina, se constituye en un instrumento de diálogo y acercamiento con las grandes potencias, especialmente con Estados Unidos. [56] Sin embargo, el compromiso con los organismos internacionales, respondiendo a una tradición histórica argentina, crítica a los móviles hegemónicos de Estados Unidos, se expresa a través de ciertos agentes de la política exterior. Emilio Cárdenas sostiene que el aval a tales organismos también representa una manera de contrarrestar los intereses de las grandes potencias. Si las cuestiones atinentes a la paz y seguridad internacionales son resueltas fuera de las instituciones abocadas a esa tarea, se corre el riesgo de permitir el triunfo de los más fuertes, quienes ocuparán el espacio reservado a la comunidad internacional organizada. De manera que el derecho de ingerencia también es entendido como una vía a través de la cual defender el propio principio de soberanía y autodeterminación de los pueblos.

No obstante, la posición oficial argentina ante la crisis de Haití, al igual que ocurriera cincuenta años antes, guarda una estrecha relación con la naturaleza de las relaciones entabladas con Estados Unidos y América Latina. Emilio Cárdenas sostiene que durante la administración menemista, éstas atraviesan un momento particularmente propicio. En su opinión, prueba de ello ha sido, por ejemplo, el papel protagónico del país en los esfuerzos por restaurar la democracia en Haití. Por su parte, Carlos Escudé, un intelectual, por entonces asesor del ministro Di Tella, que adscribe y acompaña los lineamientos de la política exterior del gobierno de Carlos S. Menem, señala en 1994 que la intervención militar argentina en Haití constituye una demostración del alineamiento con Estados Unidos. [57] Según Escudé, la Argentina se halla "desarmada" frente a Chile e Inglaterra. Las relaciones políticas con Chile son excelentes, pero el poder detrás del trono allí sigue estando en manos de los militares, que son antiargentinos porque (al igual que los militares argentinos) han sido adoctrinados para percibir al estado trasandino como su enemigo y porque, además, el colapso del poder militar registrado en la Argentina les resulta repulsivo. Por otra parte, con la guerra de Malvinas la Argentina supo conseguirse un enemigo peligroso en Gran Bretaña. De ahí que, para Escudé, la alianza político-militar con Estados Unidos, desde una perspectiva geopolítica, sea crucial para la Argentina y de ahí también la conveniencia de acompañar a aquel país en Haití. [58] Tiempo más tarde, el compromiso con Estados Unidos y el llamado "alineamiento automático" se pondrá de manifiesto en el ingreso de la Argentina como miembro extra-OTAN, en 1997, cuestionado por gran parte de la comunidad latinoamericana.

Consideraciones finales
Durante los años 50, en un mundo anárquico, amenazado por las pruebas de fuerza, la seguridad se hallaba asociada a la defensa militar de los territorios y las fronteras estatales. Se trataba de una época en la cual los Estados se constituían en los principales actores de un sistema internacional regido por políticas de poder. El principio de soberanía y autodeterminación de los pueblos adquiría una importancia capital para aquellos Estados que, independientes o en vías de serlo, se consideraban amenazados por las políticas emprendidas por Estados Unidos y la URSS. En este orden, los organismos internacionales pretendían representar un compromiso entre el principio de igualdad entre los Estados y la realidad del poder. Pero estos instrumentos del Derecho Internacional, en las creencias de ciertos actores, fueron interpretados como la manifestación de políticas de las grandes potencias, como "el cúmulo de recursos o capacidades de que dispone un estado y otros actores internacionales para conducir sus relaciones con otros actores y hacer que éstos se adapten a sus intereses". [59]

En este marco histórico, desde el "paradigma tradicional", Perón percibió un sistema internacional anárquico dominado por los anhelos hegemónicos de Estados Unidos y la Unión Soviética. Las condiciones de paz y seguridad debían ser provistas por los organismos internacionales y, fundamentalmente, la ONU. La OEA constituía un instrumento que podía ser utilizado por Estados Unidos para realizar sus móviles de hegemonía hemisférica. No existía, por lo tanto, una autoridad suprema capaz de imponer un orden jurídico mundial. De ahí que el interés nacional fuera entendido como la exigencia de seguridad propia, vinculada ésta al principio de soberanía política, la autodeterminación de los pueblos y el rechazo al principio de intervención.

La Tercera Posición, definida como una doctrina independiente, alejada de los extremismos y defensora de un capitalismo humanizado, buscaba lograr prestigio en Latinoamérica; disponer de la libertad necesaria en la conducción de la política exterior y permitir el acercamiento a los Estados Unidos a través de su compromiso con Occidente en la causa de la Guerra Fría. Era claro que si bien el sistema era de naturaleza bipolar, en términos estratégicos y políticos, desde un punto de vista económico existía una clara potencia hegemónica. De manera que el intento por lograr el desarrollo del país a partir del principio de independencia económica, según las pautas de un capitalismo nacional humanizado, sólo podía llevarse adelante aceptando el liderazgo de Washington, con quien compartía el anticomunismo.

En los años 90, ante la crisis de Haití, el bipolarismo llega a su fin con la caída del comunismo en la URSS y cede paso a un orden multipolar liderado por Estados Unidos. En el sistema internacional dominan los principios de interdependencia e integración.Si bien los estados continúan siendo actores importantes, los organismos internacionales asumen un nuevo protagonismo debido a la resignificación, tanto de las amenazas que se ciernen sobre los estados como de los principios de soberanía, autodeterminación de los pueblos y derecho de intervención.

Desde el "paradigma de la sociedad mundial", el idealismo pragmático propuesto por Menem se plantea en un mundo que, según su percepción, se encuentra ante la existencia de un sistema multipolar dominado por Estados Unidos, la democracia, el liberalismo y el triunfo de la razón sobre la fuerza, en donde la ONU parece finalmente asegurar el respeto a un orden jurídico mundial. Percibe, además, la existencia de una aldea global, donde la interdependencia y la integración son principios fundamentales, en la que los países se enfrentan con oportunidades y desafíos comunes.Desaparece el interés nacional asociado a la necesidad de seguridad en un mundo anárquico y, por el contrario, se constituye en sinónimo de bienestar sólo alcanzable a través de la integración supranacional, en donde las fronteras ya no actúan como barreras entre los Estados sino como formas de integración.De acuerdo a tales percepciones, Menem, que ha transformado al Estado de acuerdo a los principios del neoliberalismo, propone la reinserción económica de la Argentina y, en la búsqueda de esa reinserción, acepta participar dentro de la comunidad mundial para hacer frente a los desafíos y oportunidades que ésta ofrece, propiciando el alineamiento con Estados Unidos, consciente de la marginalidad de la Argentina en el contexto internacional.El respaldo dado a la OEA constituye una manifestación del compromiso con todo el continente americano.

El contexto internacional y las necesidades del país en el área de la política exterior explican, entonces, la interpretación que se da a los conceptos de seguridad, estado, soberanía y derecho de intervención. De ahí, una postura decididamente intervencionista ante la crisis de Haití. Se trata de demostrar el alineamiento con Estados Unidos, claramente expresado en el respaldo dado a los organismos internacionales, necesario para la recuperación económica del país y para su desarrollo integral, aun cuando dentro de las propias filas gubernamentales no exista consenso absoluto y aun cuando actúe en soledad dentro del ámbito de los estados latinoamericanos. La intervención en Haití, por último, asegura también la inserción de las Fuerzas Armadas en la vida institucional argentina y tiene como propósito promover su prestigio interno y externo, [60] en momentos en que la misma se ve aún cuestionada por su accionar político, fundamentalmente durante el Proceso de Reorganización Nacional.

Por lo expuesto, ambos paradigmas responden fundamentalmente a los contextos internacionales dentro de los cuales se implementa la política exterior. Desde ambos, se intenta reinsertar al país en el sistema internacional.Sin embargo, mientras Perón busca la confiabilidad política necesaria para llevar adelante sus propuestas económicas basadas en la independencia, justicia y soberanía frente a las amenazas del orden bipolar, Menem busca la confiabilidad político-económica necesaria para incorporarse a una aldea global dominada por Estados Unidos. Pero son las palabras de Menem las que brindan la síntesis final:

El pragmatismo es una condición necesaria de la conducción política porque es la única posibilidad que tenemos de concretar aquello que creemos justo y necesario para nuestro pueblo y para nuestra Nación. La Tercera Posición nunca se definió como el antagonismo con ningún país o potencia internacional, sino como el desafío por consolidar la propia identidad y el propio poder en el marco de una situación internacional caracterizada por la competencia de dos superpotencias absolutamente hegemónicas. Esa filosofía o doctrina de la Tercera Posición, por ejemplo, no fue obstáculo en el momento de mayor despliegue del poder peronista, para que el General planteara explícitamente la posibilidad de una alianza con los Estados Unidos". [61]

Sin embargo, ambos paradigmas dejan un interrogante: los costos y beneficios que significan para la Argentina. En ambas crisis, el país toma participación activa en el ámbito de los organismos internacionales, en los cuales Estados Unidos desempeña un rol tutelar. La misión de salvaguardar la "estabilidad" de Guatemala y Haití no responde a las expectativas planteadas al momento de optar por la intervención. Y la Argentina, en ambos casos, no responde plenamente a los intereses de los Estados latinoamericanos sino a intereses que considera propios y que se hallan asociados a un sistema internacional dominado por los intereses de Estados Unidos, subsumiéndose, de ese modo, en las propias limitaciones de un sistema que no trae la recomposición de un orden político-institucional. El panorama que se presenta en Guatemala y Haití, tras sus respectivas intervenciones, constituye una prueba de tales limitaciones.

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