Dos semanas separan el fin del régimen del Estado Novo (1937-1945) en Brasil --la dictadura dirigida por Getúlio Vargas que cambió y sentó las bases de la modernización de ese país-- y el emblemático inicio del gobierno de Juan Domingo Perón: la marcha obrera hacia la Plaza de Mayo el 17 de octubre de 1945. Estos dos regímenes, que gobernaron respectivamente Brasil y Argentina por casi una década, han sido decisivos en el desarrollo de estos países, tanto que constituyen casi una "vía de entrada obligada" para entender a estas naciones. Existen entre ambos ciertas similitudes. Ambos están centrados en la "voluntad" de un líder carismático que basa su poder en los sectores populares y que pone en marcha (con más o menos ímpetu, según el caso) los cimientos de una legislación obrera y una estrategia de desarrollo "mercado-internista"; también en los discursos de los dos presidentes se puede identificar una serie de coincidencias ideológicas, como una retórica fuertemente antiliberal, antiimperialista y de reivindicaciones sociales. [1] Sin embargo, estudiados con mayor detalle, existen diferencias claras cuando se comparan estos dos fenómenos, y entre ellas existe una de la cual nos ocuparemos aquí: el destino de los intelectuales. [2] En este punto el contraste es evidente: mientras Vargas hace a un gran número de intelectuales partícipes e importantes aliados de su proyecto político, Perón margina, ignora y acalla a los intelectuales, condenando al mismo destino aun a aquellos que han decidido apoyarlo. La pregunta que esto nos suscita es: ¿por qué? ¿Qué hace que los intelectuales puedan insertarse de modos tan disímiles en movimientos políticos que, al menos en su superficie, son similares? ¿Qué nos dice esto sobre la naturaleza de cada uno de estos regímenes y sobre el rol social de la intelectualidad de cada uno de estos países?

La literatura sobre el tema de los intelectuales y la política es tan significativamente vasta que, como afirma con cierto cinismo Norberto Bobbio, "sólo la memoria de un ordenador potentísimo podría registrar todas las páginas que ha inspirado". [3] Esto es aplicable también al caso latinoamericano, donde el debate ha estado dominado por dos preguntas: el papel de los intelectuales en la conformación de la identidad nacional y el estado, las causas y las consecuencias de la radicalización de la inteligencia latinoamericana en los años sesenta. El lugar de los intelectuales en los regímenes de tipo populista ha sido un tema que no ha merecido más que escasa atención. La razón es obvia: los grandes protagonistas de este tipo de experiencias políticas han sido el pueblo y el líder carismático en cuestión. Además, dichos regímenes han sido usualmente catalogados (en un afán por observarlos como parte de un mismo fenómeno) bajo el rótulo de antiintelectuales, por lo que parecía no haber demasiados motivos para estudiar a los intelectuales en relación a una tradición política que no les daba lugar y que, en contraposición, se asumía que éstos no apoyaban. El presente artículo intenta dar cuenta de cómo dichas generalizaciones no se aplican a los casos analizados. A través de una visión comparativa, se pretende echar luz sobre los interrogantes expuestos anteriormente y proponer una lectura diferente del clásico debate sobre los regímenes de tipo populista y la intelectualidad latinoamericana.

El artículo está dividido en cuatro secciones y una conclusión. La primera, dedicada al caso de Vargas, explica la participación de los intelectuales en el gobierno. La segunda sección describe la suerte de la clase intelectual que decide apoyar a Perón. La tercera parte, "Tradiciones o regímenes diferentes", coloca en una perspectiva histórica las experiencias analizadas, de forma de evaluar en qué medida éstas representan, en el caso de Vargas, una nueva forma de relación entre los intelectuales y el poder, mientras que, en el de Perón, sólo exacerban realidades ya existentes. La última de las secciones discute la forma en que esta mirada sobre el mundo intelectual puede contribuir a analizar la naturaleza de estos dos movimientos políticos. La conclusión retoma los argumentos desarrollados y expone brevemente el modo en que la marginación de los intelectuales y la participación hablan --al menos parcialmente-- de dos regímenes diferentes y de dos "intelectualidades" que optan por combinaciones diversas, no necesariamente "moralmente superiores", entre principios, roles e intereses.

Intelectuales y poder: el caso de Brasil durante el Estado Novo

Los intelectuales son una categoría difícil de asir para las ciencias sociales. La simplicidad del interrogante --¿qué es un intelectual?-- contrasta con la complejidad y la extensión del debate que el mismo ha generado. No es la intención de este trabajo la de retomar dicha discusión; sin embargo, el interrogante queda abierto: ¿quiénes son los actores aquí estudiados? [4] Más allá de obvias diferencias, las definiciones se agrupan en dos perspectivas: las sociológicas y las políticas o morales. Las primeras definen al intelectual por el lugar y la función que ocupa en la sociedad. Así, el intelectual es, por ejemplo, en palabras de Martin Lipset, quien se encarga de "crear, distribuir y aplicar la cultura". [5] El segundo grupo adjudica al intelectual un papel o una misión trascendente, siendo entre éstas la más famosa la visión de Jean Paul Sartre, quien hace del compromiso la esencia de la tarea intelectual. Sin embargo, este tipo de definiciones resulta "incómodo" a la hora de aplicarse a un contexto histórico. Por un lado, la ausencia de un mercado intelectual institucionalizado en los casos de Argentina y Brasil obliga a los intelectuales a 'trabajar' de "intelectuales y algo más", ya sea de políticos, simples burócratas, periodistas, maestros de escuela o empleados en actividades diversas; por el otro, la supuesta tarea moral de los intelectuales se ajusta más a un ideal o una auto-representación que a una categoría que sirva para trazar límites de quién es y quién no es un intelectual. Por lo tanto, la perspectiva aquí propuesta sugiere observar todos aquellos actores que participan en las luchas por la gestión de la cultura. Y aunque no sea ésta una definición de intelectual (demasiados políticos con veleidades intelectuales entran en este grupo) es esta mirada la que nos va a permitir observar los intereses en juego, los conflictos y las estrategias que se dan por formar parte --es decir, ser considerado como un intelectual-- y controlar el campo cultural e intelectual aún en proceso de formación en ambos países.

Dentro de la literatura, la relación de los intelectuales con el poder político es uno de los temas que más controversia ha generado. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando los intelectuales son llamados a participar del gobierno? Una situación que, desde que Julien Benda escribió su famoso texto La Trahison des clercs (1927), donde postulaba que la tarea intelectual sólo podía ser concebida independientemente de las pasiones temporales (especialmente la política), parece estar destinada a anular la identidad misma del intelectual. La respuesta a dicho interrogante no es fácil ni unívoca para los intelectuales brasileños. Brasil es, a mediados de la década de 1930, un país rural sumido en la pobreza, con altísimos niveles de analfabetismo (sólo treinta entre mil niños completaba la escuela primaria), profundas diferencias regionales y carente de una legislación social. [6] En 1930, Getúlio Vargas llega al poder, por primera vez, como presidente provisional de un golpe de estado. En nombre del gobierno provisional, Vargas cerró el congreso y asumió poderes absolutos. En 1934, una Asamblea Constitucional lo nombró presidente por un período de cuatro años. El proyecto político de Vargas era la creación de un gobierno capaz de evitar los conflictos de clase armonizando los intereses del trabajo y el capital. Entre 1930 y 1937, su gobierno se vio jaqueado por diversos lados, expuesto a la oposición de las viejas oligarquías y a una creciente movilización política, que enfrentó con dureza. El 10 de noviembre de 1937, Getúlio (como es conocido en Brasil) canceló las elecciones, disolvió el congreso nuevamente y anunció al país el inicio de una nueva era: el Estado Novo. Brasil abandonaba la senda de la democracia porque, en las mismas palabras de Vargas, "las condiciones, tanto económicas, financieras como políticas no le permitían el lujo de pretender ser una democracia". [7]

Aunque es difícil cuantificar el legado real de este régimen, el Estado Novo constituye un divisor de aguas en la historia brasileña: es ahí cuando se pone en marcha la modernización del país (especialmente de la burocracia estatal que se expande), se extiende la ciudadanía (sobre todo en términos psicológicos) a grandes sectores de la población, a la vez que, desde el estado, se construye un relato de la nacionalidad que busca incluir a los estratos más bajos de la sociedad y se esboza (al menos tímidamente) la base de una legislación social, aunque a un precio alto para muchos: el de renunciar a las libertades individuales. Es en este momento también cuando el dilema sobre la relación a establecer con el poder aparece más claro para los intelectuales brasileños, ya que desde el gobierno son "invitados" a participar del nuevo proyecto político; un proyecto que, más allá de sus componentes innovadores, emana de un gobierno autoritario. Sin embargo, el balance es claro, tal como lo expone Lúcia Lippi Oliveira: a excepción de algunas figuras aisladas, entre las cuales sobresalen los escritores Graciliano Ramos y Monteiro Lobato, "el Estado Novo en su compleja trama de tradición y modernización, ejerció una atracción substancial sobre la intelectualidad brasileña". [8] Intelectuales de las más diversas extracciones ideológicas convergieron en un régimen que se enmarcaba en el proyecto de construcción del estado nacional.

Durante el período que duró el Estado Novo, la cultura se convirtió en un asunto de estado y formó parte del programa de gobierno. La acción de los intelectuales se centró bajo la esfera de influencia del Ministerio de Educación y Salud Pública, creado en 1930 (dos semanas después del golpe de estado), y tuvo en la figura de su ministro, Gustavo Capanema, uno de sus protagonistas. [9] Con la llegada de Capanema al gobierno en 1934 comenzó una etapa de reformas en la administración cultural, proceso que encontró su auge después del golpe de 1937. La constitución establecida en 1937 otorgó al estado el deber de contribuir directa e indirectamente al desarrollo cultural del país, lo que estipulaba o favorecía la fundación de instituciones artísticas, científicas y de enseñanza. [10] Fue en este período que se fundó la Universidad de São Paulo (1934) y se creó un Servicio de Patrimonio Histórico y Artístico Nacional (SPHAN) que dio lugar a la fundación de diversos museos y casas históricas regionales. Al mismo tiempo vieron la luz varios museos nacionales, como el Museo Nacional de Bellas Artes, el Museo Imperial, el Museo de la Inconfidencia; se estableció la Comisión de Teatro Nacional, el Servicio de Radiodifusión Educativa, el Instituto Cayru (luego Instituto del Libro) y el Instituto de Cine Educativo.

En esos años también se reformó la Biblioteca Nacional, el Observatorio Nacional, la Casa de Rui Barbosa y el Museo Histórico Nacional, a la vez que las artes plásticas contemporáneas y la arquitectura moderna recibieron especial atención, como se puede ver en los esfuerzos desplegados en la construcción de un edificio para el ministerio o en el apoyo que recibieron los pintores Lasar Segall y Cândido Portinari. [11] Las transformaciones llevadas a cabo durante el período se pueden comprender en su magnitud si recordamos que la administración cultural no fue modificada hasta 1981, cuando se constituyó la Secretaría de Cultura. Terminada su gestión, el ministro Capanema dejó "esbozado el diseño básico de la organización institucional de la cultura en el estado de Brasil". [12]

Capanema era él mismo un intelectual, ligado a un grupo de correligionarios del estado de Minais Gerais, y estaba particularmente conectado con algunos de los principales exponentes del movimiento modernista; por lo tanto, no es casual que convoque a sus propios amigos para ejercer las nuevas actividades abiertas por la ampliación de la gestión cultural. [13] Es así como, a la luz de "dicha invitación" y atraídos sin duda por el proyecto en ciernes, los intelectuales asumieron las diversas tareas determinadas por la creciente intervención del estado en la actividad cultural. [14] Entre los nombres más notables que fueron cooptados se encuentran escritores, artistas, arquitectos y académicos. Entre ellos sobresalen los poetas Carlos Drummond de Andrade y Manuel Bandeira; el autor de la célebre obra de la identidad nacional Macunaíma, Mário de Andrade; los arquitectos Lucio Costa y Oscar Niemeyer; el sociólogo Gilberto Freyre y el pintor Cândido Portinari. [15] El grado de participación y compromiso con la gestión variaba según los casos. Mientras Drummond de Andrade se desempeñó durante todo el período como secretario del gabinete del ministro, Portinari pintó murales comisionados por el Estado y participó de varias exposiciones internacionales organizadas directamente por el gobierno. Como se mencionó arriba, las deserciones tampoco faltaban, pero éstas fueron las menos y en ocasiones no fueron totales, como el caso de Graciliano Ramos, quien a pesar de su postura opositora, colaboró con la revista del régimen: Cultura Política. [16]

El protagonismo de los intelectuales no sólo se circunscribió a administrar las nuevas instituciones culturales, sino que también fueron "llamados" a nutrir ideológicamente el nuevo movimiento y a sumarse a los esfuerzos de propaganda del régimen, actividad que realizaban principalmente desde las páginas de una serie de revistas coordinadas por el Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP). [17] De acuerdo a Pimenta Velloso, dichas tareas implicaban una división de tareas y una convocatoria a la intelectualidad que iba más allá de los nombres reconocidos. [18] Mientras los "grandes intelectuais" --como el escritor de derecha Francisco Campos, también ministro de justicia-- desempeñaban el papel de ideólogos del Estado Novo desde las páginas de Cultura Política, los "intelectuais medios" --como el periodista Pedro Vergara-- prestaban su pluma a la retórica de la propaganda en la revista Ciencia Política, estructurando un mensaje destinado a un público mayor. La inteligencia se sentía realmente integrada y parte del proyecto político del Estado Novo, integración que desde una publicación oficial explicaba la identidad de intereses entre el gobierno y la intelectualidad:

Pela identidade entre o governo e o povo, a identidade entre o Estado e a inteligência logo faz-se sentir. Na tranquilidade do ambiente, a inteligência encontrou a garantia do seu exercício. Foi o quanto bastou para que o intelectual brasileiro fizesse desse exercício o seu voto de fidelidade e a sua moção de reconhecimento a esse governo que, vindo ao encontro de suas aspirações latentes soube compreendê-la, primeiro, para valorizá-la depois. [19]

A la luz de otros desarrollos en el país, en particular el uso extensivo de la censura por parte del régimen, el argumento mencionado no deja de sorprender. ¿Cómo pueden gran parte de los intelectuales --específicamente aquellos cercanos a la izquierda-- prestarse a un proyecto político autoritario? ¿Es igual el grado de compromiso de todos los intelectuales? ¿Hasta qué punto Vargas es responsable de este matrimonio entre el gobierno y las élites intelectuales? Algunos autores sugieren que la íntima relación entre la clase letrada y el poder se explica por la presencia de Capanema, figura que hace más "digerible" el régimen a intelectuales que tuvieran reparos a sumarse a un proyecto autoritario como el del Estado Novo. Según Daryle Williams, la postura moderada de Capanema, su declarada oposición al totalitarismo, permitió a los intelectuales "hacer las paces con el régimen". [20] Pero aun aceptando que la convivencia entre intelectuales y poder vivió momentos de tensión y estuvo plena de ansiedades y ambigüedades, [21] es difícil creer que la figura de Capanema per se fuera capaz de sostener una alianza bajo un régimen que duró tantos años. Tal como nos advierte Simon Schwartzman, explicar la presencia de alguien como Carlos Drummond de Andrade en el gobierno por razones de amistad, o decir que su actuación fue sólo burocrática, significa "subestimar su inteligencia y sus valores". [22]

Por otra parte, atribuir a Capanema la responsabilidad absoluta y discrecional de la administración cultural es subestimar la capacidad de Vargas y el importante grado de control que éste tenía sobre sus políticas. [23] El archivo del ministro Capanema da cuenta que el presidente era detalladamente informado del progreso de la gestión cultural. [24] Difícilmente Capanema podría haber llevado adelante una labor de tal envergadura sin la avenencia, al menos, del presidente. El mismo Williams relata en su libro Cultural Wars In Brazil las negociaciones entabladas entre Vargas y su ministro para la puesta en marcha de determinadas políticas culturales como, por ejemplo, la creación de un instituto federal de cine. [25] Tampoco se debe olvidar que la expansión de las instituciones de la cultura fue acompañada por una importante inversión financiera, lo que en un régimen centralizado como el de Vargas requería la aprobación del presidente. Los intelectuales gozaron además de una increíble libertad de creación. Parece poco probable que Vargas no tuviera ninguna influencia en la forma en que la clase letrada era tratada, en contraposición a la censura a la que eran expuestos otros actores sociales. A la luz de dicha evidencia, la afirmación de Drummond de Andrade de que Vargas no "tenía ningún interés en la cultura" debe ser, al menos, matizada. [26] No es plausible explicar la alianza entre intelectuales y poder si no se piensa en intereses mutuos: Vargas veía a los intelectuales como importantes aliados de su proyecto político, a la vez que éstos creían en la potencialidad transformadora del régimen.

Si volvemos a pensar en el estado en que se encontraban la cultura, la educación y el país en general a mediados de 1930, podremos encontrar un "por qué" a la respuesta de la intelectualidad: sólo el estado podía reunir los recursos suficientes para la implementación de una política nacional que garantizase la educación, la ciencia y la cultura como un patrimonio social. El Estado Novo se presentaba a favor de una valorización de la cultura nacional; Vargas afirmaba sus esfuerzos de "instalar un sentido común y positivo del sentimiento nacional", [27] promovía la modernización del estado, apuntaba a construir una nación más inclusiva, donde la educación estaba encargada de construir un homen novo,y estaba dispuesto a remunerar e impulsar el trabajo intelectual. [28] En dicho contexto, el nacionalismo funcionó entonces como el elemento aglutinador capaz de sumar a casi toda la intelectualidad del período al proyecto político en ciernes. La respuesta de los intelectuales debe ser entendida, por tanto, tal como anota Bomeny, en el marco de la construcción del estado de bienestar en el país y expresa la voluntad de los intelectuales de sumarse a ese proceso. [29] Dicha participación está habitada por la creencia en lo que Horacio Legrás llama "la fantasía paternalista-educadora" de los intelectuales, la fe en "el destino inevitablemente político e interesado de la intervención cultural", que en este caso coincide con la visión que el estado tiene del rol del intelectual y de la cultura. [30]

Tampoco faltaba en esta peculiar alianza cierto grado de oportunismo y cálculo económico: la misma constituía para los intelectuales no sólo la posibilidad de ejercer influencia sino también una fuente de ingresos. Merece la pena aclarar aquí que gran parte de los intelectuales brasileños de dicha época pertenecía, como lo señala Miceli, a familias de "parientes pobres de la oligarquía", para quienes el trabajo intelectual constituía una forma de "librarse de las amenazas del rebaixamento social que rodeaba a los suyos". [31] La percepción de que el cambio podía llevarse a cabo de la mano de un gobierno autoritario, que subyace a la situación aquí descrita, coincide con un clima de época donde la democracia liberal se encontraba en crisis y las soluciones autoritarias atraían cada vez más.

Ahora, del otro lado, Vargas "acepta compartir el poder" porque necesita a los intelectuales para construir los símbolos culturales del Estado Novo y "sus saberes" para poner en marcha su proyecto de reforma del estado. Era un proyecto no exento de debates, contradicciones y agendas diferentes. Al fin y al cabo, lo que estaba en juego era el contenido de la identidad nacional: la brasilidade. La heterogénea composición intelectual del régimen, integrada por modernistas, tradicionalistas, conservadores, liberales e izquierdistas, se tradujo en un campo de batalla de "guerras culturales", usando el término de Williams, donde la identidad y la cultura nacional se diputaban a través del control de objetos, imágenes y locales que el estado central presentaba como los "ejecutores de la brasilidade". [32] Estas "guerras" se dieron, por ejemplo, en torno a la creación del patrimonio nacional que trajo consigo la fundación del Servicio de Patrimonio Histórico (SPHAN). Bajo el Estado Novo, la ley federal otorgó protección oficial (tombamento) a un número nada desdeñable de monumentos. [33] La operación, sin embargo, no era simple y conllevaba una serie de intereses y actores. Era necesario decidir qué pasado era digno de conformar el patrimonio histórico y qué actores tenían derecho a representarlo y "administrarlo". Luchas sobre las cuales Vargas tenía un interés esencial, porque en ellas se jugaba el rol del estado en la conformación de la identidad nacional. [34]

Perón y los intelectuales

La descripción de la relación entre los intelectuales y el poder bajo el gobierno de Juan Domingo Perón nos remonta a un escenario totalmente diferente y nos obliga a un cambio de perspectiva: ya no es dentro de las filas del gobierno donde debemos posar nuestra mirada, sino en la oposición. En su gran mayoría, los intelectuales expresaron su rechazo a Perón. Los pocos que se decidieron a apoyarlo se vieron condenados al ostracismo, tanto en los círculos intelectuales como en los de poder. Raúl Scalabrini Ortiz, una de las voces más conspicuas dentro del universo de los intelectuales peronistas, se quejaba en 1951 de la falta de "un resquicio, una trinchera, desde donde [pudieran] continuar adoctrinando". [35]

Perón llegó a la presidencia en 1946, elegido por el voto democrático en un clima marcado por grandes tensiones políticas. El ascenso a líder de las masas de este coronel fue meteórico. Miembro de un grupo de oficiales con inclinaciones fascistas (GOU), Perón desembarcó en la política de la mano del golpe militar de 1943, que buscaba poner fin a una década marcada por el fraude y el desorden. Desde el Departamento Nacional del Trabajo (luego Secretaría de Trabajo y Previsión), Perón construye, a través de un programa de concesiones limitadas a los obreros, una alianza que sería vital en su supervivencia política. La ascendencia de Perón sobre los sectores obreros no era bien vista ni por los militares ni por civiles. El triunfo de las tropas aliadas en la Segunda Guerra Mundial reafirmó la posición de los autodenominados sectores "democráticos" de la sociedad en contra de Perón, quienes veían en las políticas implementadas desde la Secretaría de Trabajo una copia del fascismo social de Mussolini. A principios de octubre, Perón --quien en ese entonces acumulaba los cargos de secretario de Trabajo, ministro de Guerra y vicepresidente de la Nación-- fue forzado a renunciar y encarcelado. Dichos hechos provocaron la reacción de los trabajadores, que marcharon hacia la Plaza de Mayo pidiendo la liberación de su nuevo líder. El desenlace del conflicto es conocido: el llamado a elecciones con Perón como candidato presidencial y su triunfo en los comicios más limpios hasta entonces.

Perón se mantuvo en el poder durante casi una década, desde 1946 hasta 1955. La constitución fue renovada en 1949 y esto le permitió ser reelegido en 1952, hasta que en septiembre de 1955 un golpe militar lo desplazó del poder. La gestión de Perón marca indeleblemente la historia argentina. Perón integra simbólica y materialmente al proyecto institucional de la nación a grandes sectores de la población, extendiendo los beneficios sociales hacia los estratos más bajos de la sociedad. Las mujeres reciben el derecho al voto, el estado se agranda hasta convertirse en el árbitro de las relaciones entre el capital y el trabajo y los servicios públicos se estatizan. Pero en contraposición a lo que pasó en Brasil, los intelectuales casi no participan de estas transformaciones.

A principios de 1946, momentos en que Perón inicia su gobierno, nos encontramos con dos grupos claros dentro de los círculos intelectuales argentinos: uno claramente mayoritario (el antiperonista) y otro de menor importancia (el peronista). El primero interpreta el ascenso de Perón como una profecía autocumplida: la de la instauración del fascismo en Argentina; una visión que es compartida por intelectuales de las más diversas extracciones ideológicas dentro del grupo, de modo que la podemos encontrar tanto en las páginas de la revista liberal estetizante Sur como en las del diario socialista La Vanguardia. Entre aquellos que han decidido apoyar a Perón, se pueden diferenciar dos grupos de intelectuales en términos ideológicos: los nacionalistas de derecha y los nacionalistas populares. Una brecha profunda separa a estas dos fracciones: mientras los nacionalistas de derecha sospechan del sistema democrático y de la alianza de Perón con los sectores obreros, los populares buscan construir una democracia con acento social. Sin embargo, ambos comparten un profundo sentimiento antiliberal y antiimperialista y, desde lugares diferentes, concluyen que el nuevo presidente puede llevar a cabo sus postergadas agendas.

La llegada de Perón, entonces, está marcada por el vehemente rechazo de la mayoría de la inteligencia del país. Basta hojear algunas de las descripciones de Perón posteriores a su caída, donde se lo acusa de "tirano" y "epígono de los nazis". [36] Perón repartió el poder entre quienes fueron en gran medida responsables de su triunfo, en especial los líderes sindicales, reaccionando con indiferencia a la oposición de los intelectuales, a la vez que otorgó a la cultura un lugar subordinado en su lista de prioridades. Si bien ciertas estructuras de la gestión de la cultura fueron modificadas --en 1948 se creó la Subsecretaría de Cultura y en 1949 el Ministerio de Educación--, las nuevas dependencias no se tradujeron en una gestión cultural más dinámica o más rica, al menos en relación a la cultura que consumían las élites. En 1949, el gobierno creó una Junta Nacional de Intelectuales (por iniciativa de los propios intelectuales) que apuntaba a mejorar las condiciones de trabajo del sector. [37] Para alcanzar dichos objetivos, la Junta delineó el denominado "Estatuto del trabajador intelectual", que generó un extenso debate por ciertas cláusulas censuradoras que contenía, pero finalmente terminó en la nada porque no fue transformado ni en ley ni en decreto, a la vez que la Junta misma fue disuelta. [38]

Las características más sobresalientes del tratamiento de la cultura durante los años 1946-1955 fueron la masificación y el acceso gratuito a espectáculos. Lo que pasa en el Teatro Colón es simbólico de las políticas en boga. El teatro (elitista, de acuerdo a la versión oficial) abrió sus puertas a las clases bajas, ofreciendo presentaciones especiales gratuitas a los sindicatos, que a veces eran festivales de folklore. La música nativa y popular podía presentarse ahora en una sala anteriormente reservada para óperas y ballet. [39] El gobierno presentaba a la cultura como un antiguo privilegio de las oligarquías que ahora iba a ser extendido al gran público, lo que significaba que las manifestaciones culturales debían adaptarse al gusto de las masas. Una publicación oficial resumía dicha política en los siguientes términos:

A lo largo de la historia la cultura ha significado un bien de minorías, una heredad que sólo excepcionalmente transpuso límites impuestos por un dominante criterio de clases. Para el Peronismo los trabajos de la inteligencia deben estar destinados al pueblo, ser sustancia de su multitud y no privilegio de unos pocos, más allá de todo círculo que intente monopolizar sus bienes. Pero para ello es preciso que en su contenido sea entrañablemente humano, que en las expresiones culturales el Pueblo vea representada su genuina grandeza, que en las manifestaciones de la literatura y el arte encuentre su propio ser inmenso, crecido en la historia de nuestros días, digno de toda exaltación. [40]

Perón mismo sostenía que "en cuanto a la formación espiritual, ha de realizarse llevando la cultura al ambiente de nuestros trabajadores. Ni la inteligencia ni el saber pueden estar reservados a una sola clase social". [41] Para llevar a cabo dichas transformaciones, Perón no necesitaba la colaboración de los intelectuales. La cultura que buscaba llevar a las masas no era la cultura de las élites intelectuales, tal como él mismo lo expuso, sino la "cultura popular". [42]

Esta apertura a lo popular, y también a lo local, implicaba que el régimen se rodeara de artistas e intelectuales poco reconocidos por sus pares, abriendo aún más la brecha con el establishment cultural. Leopoldo Marechal, uno de los grandes nombres dentro de los escasos intelectuales peronistas, parece aceptar esto cuando sostiene, en un artículo sobre la cultura bajo Perón, que:

En los movimientos revolucionarios que, como el nuestro, sacuden todas las fibras del país, es frecuente y hasta inevitable que algunos estratos inferiores de la cultura salgan a la superficie y se abroguen derechos que, en esa materia, sólo confieren la capacidad y el talento creador. Si el nuevo Estado trabaja con esos elementos, los mejores, al quedar desplazados de la vía estatal, realizan por la vía privada hechos de cultura muy superiores en calidad a los que cumple el Estado. [43]

En el párrafo anterior, Marechal ilumina, tal vez sin querer, un aspecto que es central cuando comparamos las gestiones culturales de Vargas y Perón: mientras que la cultura es un asunto de estado para Vargas, Perón trata a la cultura como un "negocio" privado. [44] Esto significa que durante el período 1946-1955, la vida cultural no desaparece en Argentina porque el estado no se ocupe de ella, sino que, por el contrario, ésta expresa su dinamismo en un mundo paralelo extraestatal de instituciones privadas, revistas, institutos y grupos culturales, como lo prueba, por ejemplo, la cantidad de revistas o libros publicados en esos años. [45] Por otra parte, si bien la censura se practica desde el Estado y los intelectuales la viven en carne propia cuando gran parte de ellos son exonerados de sus puestos en la universidad o la policía visita sus casas, como lo recuerdan en sus memorias, es sobre los medios masivos de comunicación que ésta ejerce todo su peso. [46] Existió, entonces, una especie de acuerdo tácito, y no carente de momentos de tensión, entre la intelectualidad antiperonista y el gobierno: mientras sus actividades no rebosaran los márgenes de la élite, gozaban de cierto grado de libertad para desarrollarlas. [47]

Pero si todo lo expuesto anteriormente es aplicable a los intelectuales antiperonistas, no está lejos de serlo también para los peronistas. El escritor peronista Ernesto Goldar nombra uno por uno a los intelectuales que apoyaron a Perón, en una lista que por lo exhaustiva también habla de lo marginal. [48] Entre ellos abundan los autores de textos escolares, pero tampoco faltan algunos nombres conocidos, como el de los escritores Raúl Scalabrini Ortiz, Arturo Jauretche, Manuel Gálvez y Leopoldo Marechal, entre otros. En medio de una inteligencia hostil a su proyecto político, es plausible pensar que Perón estaría dispuesto a otorgarle espacio a estos intelectuales, sin embargo el gobierno les veda el camino a cualquier tipo de relevancia. Perón demanda una adhesión total a su persona y a su gobierno que impide la consecución de cualquier proyecto intelectual. Esto se ve, por ejemplo, en las páginas de una revista como Hechos e Ideas.Desde ésta, varios intelectuales nacionalistas, ex miembros del Partido Radical (U.C.R.) como Scalabrini Ortiz y ensayistas como Ernesto Palacio, intentan otorgarle al peronismo un contenido ideológico ligándolo a la retórica nacionalista del líder del radicalismo Hipólito Yrigoyen. No obstante, el discurso de Hechos e Ideas no es lo suficientemente "peronista" como para agradar al gobierno –insiste, por ejemplo, en subrayar la continuidad histórica entre Irigoyen y Perón--, por lo que dichos intelectuales son desplazados de la publicación y se los reemplaza con personas más cercanas al régimen. [49] El contraste con lo que pasa bajo Vargas, quien describe a los intelectuales del régimen como "grandes colaboradores, cheios de inicitativa" [50] y que deposita en la Academia Brasileña de Letras la función de quot;elevar a vida intelectual do pais a um nivel superior, dando-lhe uma direção construstiva, força e equilibrio criador", [51] es más que evidente.

Perón, en oposición a su par brasileño, no está dispuesto a hacer partícipes en la construcción de la "doctrina y el proyecto peronista" a sus propios cuadros intelectuales. [52] Muy pocas son las figuras intelectuales convocadas como funcionarios y escaso es el poder que se les da. Jauretche (el ensayista y militante de FORJA) se sumó al gobierno como presidente del Banco Provincia, pero su experiencia duró sólo 3 años y terminó en su ruidosa renuncia, porque se lo acusó de otorgar subsidios al diario opositor La Prensa. De acuerdo a dicho escritor, el problema era que "Perón no quería que hubiera capitanes ni tenientes, ni sargentos, ni nada". [53]

La ausencia de una figura como la de Capanema en el gobierno de Perón nos revela la falta de interés por integrar a los intelectuales a su proyecto político y, por comparación, reafirma la voluntad de Vargas de sí hacerlo. El desinterés es, en el caso de los antiperonistas, mutuo: los intelectuales no quieren formar parte del proyecto peronista y Perón no busca modificar esta situación. Los peronistas, en cambio, encuentran que su adhesión a los postulados de Perón no les abre el camino para participar institucionalmente o como interlocutores en el régimen. La identidad obrera de este movimiento y el carácter autoritario del régimen son centrales a la hora de comprender la falta de interés en la alta cultura y en sus propios cuadros intelectuales. Perón quería reconstruir totalmente la estructura social e institucional de la nación. Buscaba recomponer la relación de fuerzas en la sociedad, y en el nuevo esquema ni los intelectuales ni la cultura de élite eran importantes. Perón desconfiaba de los intelectuales y del mundo de las ideas en general, al cual anteponía la acción. [54] Prefería la espiritualidad frente a la racionalidad. Cuando se le preguntó cómo definir el peronismo, afirmó: "el peronismo es una cuestión más del corazón que de la cabeza", mientras que afirmaba que la educación debía enfocarse a preparar hombres de acción y no de pensamiento, "hombres capaces de hacer, porque en este país hasta ahora, no hemos formado más que hombres capaces de decir". [55]

Perón buscaba construir una legitimidad basada en los obreros --él mismo se presentaba como "el primer trabajador"-- y el poco espacio dejado a los intelectuales se puede ver como un aspecto complementario a dicha identidad. [56] El hecho de que la mayoría de los estudiantes y los intelectuales rechazaran al régimen peronista desde sus inicios parece haber aumentado los sentimientos antiintelectuales de los obreros. No podemos dejar de recordar en este punto que el grito de guerra de los obreros en su camino a la Plaza de Mayo era: "¡Alpargatas sí, libros no!" y "Haga Patria, mate un estudiante"; [57] un conflicto que Perón se encargaría de alimentar, acusando a los intelectuales de pertenecer a la oligarquía por no apoyar al pueblo. A esto hay que sumarle el componente autoritario, que no puede ser desestimado a la hora de entender las políticas intelectuales del régimen. Perón buscaba construir un consenso alternativo al liberal (en boga hasta entonces), basado en la unidad espiritual de la sociedad alrededor de su persona y su doctrina y donde no había espacio para otras voces. [58] En este sentido, las diferencias con Vargas son evidentes: mientras que Vargas era un político de carrera que pactó con la élite militar, Perón era un militar profesional con una visión jerárquica de la política y la sociedad; mientras en Brasil se desarrollaba una sociedad signada por la política de élites, Perón actuaba en un contexto donde la exclusión del adversario era la regla.

¿Tradiciones o regímenes diferentes?

Un discurso y un decreto capturan emblemáticamente la distancia que separan la experiencia de los intelectuales y la cultura en ambos regímenes. El primero, el discurso que Vargas pronunció en ocasión de asociarse a la Academia Brasilera de Letras en 1943, y el segundo, el decreto en que el gobierno de Perón ordenaba la intervención de la Academia Argentina de Letras. Mientras que en su discurso Vargas celebraba la "simbiosis entre los hombres de acción y los hombres de pensamiento", [59] el decreto peronista se inspiraba en un proyecto de ley que en su seno cuestionaba el rol histórico de los intelectuales argentinos. El diputado peronista John William Cooke defendía el mentado proyecto afirmando que "si bien el Estado se ha desentendido de la cultura, también es exacto que la cultura se ha desentendido de los problemas argentinos y de los problemas del Estado, adoptando una posición de diletantismo de buen tono, divorciado de la realidad argentina". [60] Alianza con la cultura, en el primer caso, desdén y coacción, en el otro; detrás de ambas posiciones se encerraba una visión del intelectual. Mientras que el varguismo consideraba a los intelectuales algo así como intérpretes de la conciencia nacional, el peronismo los acusaba de su alejamiento de la realidad y les quitaba toda autoridad, dejándolos fuera del proyecto político en ciernes. El interrogante que esta situación nos suscita es hasta qué punto el lugar que la inteligencia ocupa en estos dos gobiernos tiene que ver con tradiciones ya existentes en ambos países o con la naturaleza diversa de estos dos regímenes.

Vargas inaugura una nueva forma de participación intelectual, aunque se puedan encontrar ecos de ella en el siglo diecinueve. La corte portuguesa llegada a las costas brasileñas en 1808 pronto advirtió que el país adolecía de una infraestructura cultural a la altura de una corte europea, aunque ésta fuera una "corte de desterrados", y aunó sus esfuerzos en dicha dirección. Por esto, durante los años del Brasil monárquico, el imperio se dedicó a extender el patronazgo real a diversos sectores de la vida cultural. Pero cuando el golpe de 1889 puso fin a la monarquía de los Bragançasy se instauró el régimen republicano, la gestión cultural pasó a un lugar subordinado. Si bien la élite republicana buscaba "civilizar" el país, no tenía interés en convertir al estado en el motor de la cultura ni en su principal patrocinador, ni hacía de la inteligencia un aliado importante. La escasa inversión estatal en la cultura incentivó a los intelectuales y artistas a distanciarse del poder. El recorrido del escritor Machado de Assis refleja dicha actitud: quien fuera funcionario del Imperio llamaba en 1897 a sus colegas a buscar refugio en una torre de marfil lejos de los compromisos de la política. [61] Si se piensa en el contraste con la experiencia de la República, es claro que los esfuerzos del gobierno de Vargas deben ser vistos como la inauguración de una nueva tradición, aunque se puedan trazar sus orígenes al Brasil imperial. Vargas, en una experiencia inédita, integró a los intelectuales al proyecto nacional, a la vez que hizo de la cultura un asunto de estado. Dicha política de integración e intimidad entre intelectuales y poder político sobrepasó los límites cronológicos del fin del Estado Novo y se convirtió en un característica del campo cultural brasileño.

Perón, en cambio, no hizo más que exacerbar una tradición ya común en la Argentina de entonces. La construcción del andamiaje institucional de Argentina está imbricada por el trabajo de dos generaciones intelectuales: la de 1837 y la de 1880. Sin embargo, desde que se instauró por primera vez el sufragio masculino universal en 1916, la influencia de los intelectuales en el ámbito político se eclipsó y su lugar fue ocupado por la naciente clase política. Todo sucedió, nos dice Silvia Sigal, como si "una vez acabada la fase de construcción, la nación hubiera terminado la misión reconocida a la inteligencia". [62] A partir de entonces, contados fueron los casos donde los intelectuales argentinos compartieron la experiencia del poder. En cuanto al rol del estado en la gestión cultural en Argentina, salvo escasas excepciones, la cultura ha sido "un asunto de particulares". Excluido el gobierno de Agustín Justo (curiosamente, contemporáneo en parte al de Vargas, 1932-1938), la cultura fue subvencionada en forma privada por las élites sociales y su dinamismo dependió en gran medida de la labor individual o grupal de "organizadores culturales". [63] Es decir que la gestión cultural estuvo dominada por grandes personalidades como Victoria Ocampo o Roberto Giusti, o instituciones como la Asociación de Amigos del Arte. La supervivencia de la vida cultural en un mundo de redes intelectuales autónomas es, según Sigal, un carácter distintivo del país que se relaciona con la debilidad institucional del estado argentino, que hizo de la universidad (el lugar "natural" de los intelectuales) una arena de disputas políticas. Cada nuevo gobierno intentó "copar" la universidad, lo que obligó a los intelectuales a dotarse de nuevos medios de ingreso y de expresión, consolidando su capacidad de autoorganización, pero al precio de una fuerte asociación entre la cultura y la política. [64]

Sin embargo, ni la ausencia ni presencia de una "convocatoria" a la intelectualidad explica por sí sola el rechazo o la adhesión por parte de los intelectuales a sendos regímenes. Como ya se mencionó, en el caso del peronismo el camino se había cerrado antes de que Perón se convirtiera en presidente, dado que los intelectuales lo identificaban como un líder fascista. Por lo que es necesario agregar un elemento histórico para comprender en toda su complejidad las posiciones diferentes de cada una de las intelectualidades. A diferencia de Vargas, cuando Perón asume en 1946, los regímenes fascistas ya habían mostrado su cara más trágica en Europa y aunque éstos hubieran perdido la guerra, la percepción compartida era que el fascismo había llegado para quedarse. La por entonces prestigiosa revista dirigida por Victoria Ocampo, Sur, resumía dicho pensamiento en un interrogante y una respuesta: "Pero, ¿se ha agotado la posibilidad de ver resurgir el nazismo? Creemos que no. Los campos de concentración son un mero hito en las sórdidas etapas del salvajismo nazi. Sin campos, sin alambrados, la ideología reverdece por las tierras". [65] De modo que hay una diferencia de timing importante entre los gobiernos de Perón y Vargas: si bien el sentimiento antifascista empieza a tomar ímpetu frente al inicio de la guerra civil española en 1936, Perón asume cuando dicho sentimiento estaba fuertemente diseminado en los círculos intelectuales.

Populismo e intelectuales

Tal como se mencionó al principio de este trabajo, los regímenes de Perón y Vargas han sido catalogados bajo el rótulo de populistas. El término populismo es probablemente uno de los más equívocos en el vocabulario político moderno, y la polémica en torno a su naturaleza está lejos de haberse cerrado. [66] Las definiciones de este fenómeno político pueden ser divididas en dos grandes grupos: quellas que enfatizan su política económica, instituciones y bases de apoyo y un segundo grupo que describe el populismo como un fenómeno discursivo, concentrándose en el carácter y las implicaciones de la apelación directa que éste hace al pueblo. [67] El primero de los abordajes es el más común y en éste se define al populismo (con énfasis diferentes) como un régimen que lleva a cabo una política económica orientada al mercado interno, anclado en los sectores populares, aunque no exclusivamente, y poco respetuoso de las instituciones de la democracia liberal. El populismo es así --en un texto clásico como el de Torcuato Di Tella-- "un movimiento político que goza del apoyo de la masa de clase trabajadora urbana y/o del campesinado, pero que no es el resultado del poder organizativo autónomo de ninguno de estos sectores. [Que] también es apoyado por sectores de clases no trabajadoras que sostienen una ideología que se opone al status quo". [68] En el segundo grupo de definiciones sobresale la propuesta de Ernesto Laclau, quien define al populismo como el momento "donde los elementos populares-democráticos [del discurso político] son presentados como opción antagónica a la ideología del bloque dominante". [69]

Cada uno de estos abordajes teóricos sobre este fenómeno nos lleva a conclusiones diferentes sobre la naturaleza de los regímenes estudiados aquí. Bajo el primer grupo de definiciones, concentradas en lo que Cammack denomina "aspectos estructurales", es claro que el varguismo se ajusta a una experiencia de tipo populista: apoyado por los sectores populares, Vargas inicia una política económica mercado-internista (anti status quo). [70] En cambio, bajo el segundo enfoque (el discursivo) -- y tal como Laclau lo expone--, el régimen de Vargas no constituye un caso genuino de populismo en tanto oscilaba en un movimiento pendular: en momentos de estabilidad, su lenguaje político tendía a ser paternalista y conservador y sólo en momentos de crisis era populista. [71]

La pregunta que nos concierne aquí es: ¿hasta qué punto la mirada sobre el mundo intelectual expuesta en este trabajo puede orientarnos en esta polémica? Sería exagerado sostener que el lugar que ocupan los intelectuales y el discurso que éstos promueven desde dicho lugar pueden darnos los elementos para llegar a un veredicto final sobre si un régimen es populista o no. Seguir dicho razonamiento implicaría no sólo sobreestimar el papel de los intelectuales en la configuración de un régimen, sino también ignorar lisa y llanamente el rol de la tradición y las coyunturas históricas particulares expuestas anteriormente. Sin embargo, es probable que dicho interrogante abra una vía de entrada al tema. La apertura de Vargas hacia los sectores intelectuales nos sugiere, por un lado, un régimen que no busca romper totalmente con las élites, sino que además tiene un déficit de legitimidad que debe compensar. Y el resultado de dicha combinación bordea lo paradójico. En el Brasil de entonces es claro que ser un intelectual implica ser parte o al menos estar cerca de los círculos de poder. Vargas invita a los intelectuales a asumir el rol de "conciencia de la nación" porque los "canales normales" de participación de la nación (el sufragio) están interrumpidos.

Perón presenta (al menos después de 1945) la identidad obrera de su movimiento como un quiebre total con las élites y el pueblo como fuente final de inspiración del movimiento que lidera. Su discurso es antiintelectual porque es antiélite y está habitado por una serie de dicotomías irreconciliables: pueblo versus oligarquía; pueblo versus antipueblo; patria versus antipatria; peronista versus antiperonista. En esta serie de oposiciones, la oligarquía es criticada por antidemocrática (gobierno de unos pocos), extranjerizante (vendepatria) e improductiva. A dicha descripción se le contrapone un "pueblo que trabaja, sufre y produce". [72] El lugar de la mayoría de los intelectuales al unirse al campo antiperonista, entonces, es claro: el del antipueblo, el lugar opuesto al que los intelectuales tienen bajo Vargas.

La ausencia de un llamado a la intelectualidad bajo el peronismo se comprende mejor si se piensa en aquello que a Vargas le falta y a Perón hace gala de sobrarle: legitimidad popular. Si la legitimidad del populismo se basa en lo que Maristella Svampa denomina "un exceso con respecto a la legitimidad propia de la democracia" pero que es "incapaz de sustituir completamente la legitimidad democrática o abandonar toda referencia democrática", [73] es clara la ausencia de ésta en el régimen brasileño. Es cierto que Vargas se dirige al pueblo en sus apelaciones y que intenta desarrollar sus lazos con éste a través de sus discursos, mientras cultiva una imagen de "accesibilidad" y se presenta como un líder que va en contra de los intereses de la oligarquía, pero no cuenta con aquello que finalmente va a terminar con la experiencia misma del Estado Novo: el aval democrático. En contraposición, y por más que Perón desdeñara los mecanismos electorales, eran la victorias del peronismo en dicho campo las que corroboraban su legitimidad popular.

¿Llegamos finalmente a la conclusión que un régimen antiintelectual es populista y uno que se alía con los intelectuales no llega a serlo? Como se mencionó anteriormente, es difícil que el lugar de los intelectuales pueda leerse como un parámetro decisivo en el momento de hacer un balance sobre el tema. Lo importante, a la hora de la comparación, es que bajo el gobierno de Vargas los intelectuales ocupan un lugar que el peronismo le reserva, al menos en términos retóricos, al pueblo y a su líder y que es fuertemente celoso de otorgar aun a sus propios cuadros intelectuales. A esto hay que agregar que durante el Estado Novo los intelectuales, en alianza con el estado, promueven una cultura que desdeña sus rasgos más populares. Por lo que, si bien esto no quiere decir que el varguismo no sea populista, si pudiéramos imaginar un continuo que fuera de más a menos populista, la discusión aquí desarrollada sugiere que el régimen brasileño fue "menos" populista que el peronismo, no sólo en términos discursivos sino también en instancias de participación real del pueblo; observación que debe ser puesta a la luz de lo que pasa en otros ámbitos de la participación popular, tal como el sindical.

Conclusión

La comparación aquí desarrollada subrayó la existencia de una voluntad modernizadora en términos culturales, en un caso, y la ausencia, en otro. Observados desde dicha perspectiva, es evidente que es el régimen menos revolucionario en términos sociales, pero a su vez el "menos populista", el que tendrá sobre la cultura el impacto más pronunciado, lo que puede leerse como un aspecto complementario a las alianzas que cada uno de estos gobernantes tejieron. En cuanto a la intelectualidad, la confrontación nos autoriza a matizar sus rasgos esenciales. No estamos frente a una inteligencia pragmática, de un lado, y una principista, del otro. Si los intelectuales argentinos se autoexcluyen de participar de un gobierno autoritario --aun considerando que éste les deja poco espacio-- también lo hacen de trabajar en pos de la construcción del estado de bienestar, al mismo tiempo que se distancian del pueblo, cosa que más tarde les valdrá la impugnación de las nuevas generaciones intelectuales. [74] Los intelectuales brasileños optan por obviar diferencias ideológicas, y a veces hasta principios, en pos de la construcción de un estado más inclusivo y una cultura con mayor acento nacionalista (aunque no popular), lo que también les valió el reproche de generaciones posteriores. [75] Tal vez, antes que juzgarlos sea bueno recordar, como nos advierte Tony Judt, que los intelectuales no están hechos normalmente de la materia de los héroes. [76]

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