Publicada con el patrocinio de la Familia Sverdlin (México-Israel), en memoria de
Norman Sverdlin Florman
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Facultad de Humanidades Lester y Sally Entin
Escuela de Historia
Instituto de Historia y Cultura de América Latina.
E.I.A.L.
ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE
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Piqueteros al gobierno: un experimento populista argentino, 2003-2007
Carlos Escudé CONICET - CEIEG, Universidad del CEMA
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En este trabajo realizaremos un seguimiento cronológico de un experimento político poco frecuente: la incorporación de parte de la dirigencia de las organizaciones de protesta social argentinas al gobierno del presidente Néstor Kirchner. Durante su gestión, dirigentes asimilables del movimiento piquetero, constituido por diversas organizaciones de "trabajadores desempleados", ingresaron sistemáticamente como funcionarios a los diversos niveles del Estado nacional y de los gobiernos provinciales y municipales. Mediante esta estrategia, que se vio favorecida por altas tasas de crecimiento económico y vino acompañada de una importante reducción del desempleo, durante el período 2003-07 aumentaron la gobernabilidad y la paz social en un país que en 2002 se había encontrado al borde de la anarquía.
Por cierto, a fines de la gestión de Kirchner parecía que se había alcanzado un éxito considerable en el control de la protesta social. "Para muchos piqueteros ya no sirve cortar calles", proclamaba un título de un periódico opositor en septiembre de 2007. Según el cronista:
Agosto de 2005 fue la última vez que una unión clara de fuerzas sociales pudo poner en aprietos al presidente Néstor Kirchner en uno de sus flancos sensibles: la reacción frente a la protesta callejera. Después de las elecciones de aquel año, se redujeron drásticamente los planes comunes de lucha. Tanto, que se desdibujó el liderazgo piquetero: en sólo seis meses, el promedio mensual de cortes de rutas y de calles bajó a la mitad. Comenzaba lo que muchos denominaron "el repliegue táctico". [1]
Para comprender no sólo la relevancia del experimento, sino también la singularidad del poderoso movimiento piquetero argentino, primero pasaremos breve revista al largo proceso por el que éste se fue gestando desde la década de 1980. Posteriormente, describiremos cronológicamente lo acontecido durante la gestión de Néstor Kirchner, en términos de la neutralización, por vía de la cooptación, de esta fuente de disturbios sociales.
Por otra parte, por motivos metodológicos nos limitaremos al seguimiento de los fenómenos mencionados durante esa gestión, entre 2003 y 2007. El movimiento piquetero y sus relaciones con el poder político se encuentran en permanente flujo, y este artículo sólo pretende aportar información para su estudio. [2]
El telón de fondo
Las organizaciones piqueteras fueron un factor de la mayor relevancia en el derrocamiento civil del presidente Fernando de la Rúa, perpetrado el 20 de diciembre de 2001, y de su sucesor Adolfo Rodríguez Saá, que duró apenas una semana en el poder. Aunque su nombre genérico alude al piquete como método de protesta social, su origen es previo al uso extensivo de ese método por parte de las agrupaciones populares argentinas. Según una tipología común entre los estudiosos del tema, organizaciones de dos orígenes diferentes pero convergentes confluyeron en la gestación del movimiento. Por un lado tenemos la "vertiente villera", que cronológicamente fue la precursora, y por el otro la "vertiente sindical", que emergió una década y media después, inaugurando el uso sistemático del piquete propiamente dicho. [3]
La protohistoria del movimiento, por ende, corresponde a la vertiente villera, originalmente dedicada a la usurpación de tierras para asentamientos de indigentes. Ésta se originó a comienzos de la década de 1980, debido al importante crecimiento de la pobreza.
La pauperización de las masas argentinas comenzó con la mega-devaluación de 1975 (el recordado "rodrigazo", durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón) y fue agudizada durante la dictadura militar inaugurada en 1976. [4] Como recuerda Denis Merklen, las primeras ocupaciones ilegales de tierra tuvieron lugar en 1981, con la invasión de terrenos en la zona sur del Gran Buenos Aires. Con estos asentamientos comenzó a desarrollarse un vasto movimiento de organizaciones barriales que superó con mucho el marco de las ocupaciones ilegales. [5]
Cuando, al colapsar la dictadura, cedieron los diques de la represión, el movimiento creció enormemente. Hacia 1985 se tomaron los terrenos que dieron lugar a los asentamientos de El Tambo, El Privado, 17 de Marzo, 22 de Enero, Costa Esperanza, Villa Adriana, San José, San Alberto, Villa Unión, Km. 25, La Juanita, todos emplazados en el partido de La Matanza. Estas usurpaciones engendraron organizaciones comunitarias que evolucionaron hacia reivindicaciones de derechos sociales más amplios, abarcativos del trabajo, la educación y la salud. [6]
Aunque los gobiernos de la democracia no favorecieron la ocupación ilegal de tierras, no quisieron reprimirla con energía, quizá porque sabían que, de hacerlo, los partidos rivales capitalizarían los costos políticos. Una de las usurpaciones más recordadas de los años 1985-86, durante el gobierno de Raúl Alfonsín, fue la que dio origen a la organización de Luis D'Elía, uno de los dirigentes piqueteros más conocidos. Después de encontronazos entre los usurpadores y los dueños de los terrenos, que eran apoyados por la policía, los medios televisivos controlados por el gobierno radical brindaron su apoyo a la organización de D'Elía. [7]
El caso fue típico del juego de suma cero entre los partidos políticos argentinos, que hizo posible el permanente crecimiento del poder de estas organizaciones populares. Posteriormente, Alfonsín pagó las consecuencias, ya que saqueos perpetrados en parte por las mismas organizaciones que él había favorecido contribuyeron a los de 1989, que lo obligaron a entregar el poder anticipadamente al presidente electo Carlos Menem. [8]
Con la nueva administración, el movimiento siguió creciendo. Su segunda vertiente, la sindical, emergió hacia 1995, al comenzar la segunda presidencia de Menem. Fue entonces que se inauguró el uso extensivo del piquete, dando así nombre a todo el movimiento. [9] Este fenómeno fue precedido por un gran aumento del desempleo y la pobreza, producido por lo menos en parte por la privatización de empresas del Estado lanzada por Menem. [10]
Como antes ocurriera con Alfonsín, Menem no reprimió enérgicamente a los piqueteros sino que cedió frecuentemente a sus exigencias, a través de la concesión de pequeños subsidios por desempleo. Casi de manera sistemática, el corte prolongado de una ruta por parte de una organización piquetera se interrumpía a cambio de la entrega de cientos y a veces miles de subsidios individuales, los célebres "planes trabajar". Con el tiempo, no sólo se adjudicaron estos subsidios, sino que su distribución entre individuos fue confiada a los mismos dirigentes piqueteros. Así, éstos adquirieron un enorme poder sobre sus propios seguidores, amplificando su capacidad de extorsión frente al Estado. [11]
Cuando Fernando de la Rúa asumió la presidencia a fines de 1999, el gobernador justicialista de la provincia de Buenos Aires alentó a los piqueteros, con el objetivo de debilitar el gobierno nacional. Y éste se defendió otorgando a las agrupaciones de protesta el carácter legal de organizaciones sin fines de lucro (ONGs), con lo cual se legitimó la práctica de que fueran ellas mismas las que distribuyeran los planes sociales entre sus miembros. De este modo, el juego de suma cero de la política argentina permitió el crecimiento permanente del espacio político de dichas agrupaciones. Hacia diciembre de 2001, los acontecimientos demostraron que éstas habían conquistado un poder de veto extra-constitucional que, en momentos críticos y en alianza con caudillos políticos, les permitía derrocar presidentes.
En efecto, gracias a la colusión de estas organizaciones con políticos poderosos, cayeron dos presidentes constitucionales. Y cuando el 26 de junio de 2002, en el curso de la represión policial del corte ilegal de un puente, murieron dos piqueteros, el presidente Eduardo Duhalde (que era también el más fuerte de los caudillos políticos) convocó anticipadamente a elecciones para abril de 2003, alarmado por la pérdida de gobernabilidad que asomaba otra vez, como consecuencia del luctuoso suceso. [12]
Fue entonces, con el poder piquetero en la cresta de la ola, que Néstor Kirchner asumió la presidencia de Argentina. Hacia entonces, las organizaciones piqueteras ya tenían aproximadamente 400.000 miembros. El nuevo presidente optó por incorporarlos con prudencia a su gobierno, sin por ello permitir que la suya se convirtiera en una gestión piquetera. Como veremos, esta estrategia fue imitada por gobernadores e intendentes municipales.
Jorge Ceballos: un precursor
Desde casi el comienzo del gobierno inaugurado el 25 de mayo de 2003 hubo un piquetero incorporado a la gestión de gobierno. Este precursor fue el ex montonero y otrora dirigente de Quebracho, Jorge Ceballos. Coordinador general del Movimiento Barrios de Pie, militante de la Corriente Patria Libre y cofundador del movimiento Libres del Sur, fue nombrado director de Asistencia Comunitaria delMinisterio de Desarrollo Social en julio de 2004. En mayo de 2006 fue ascendido a subsecretario de Organización y Capacitación Popular del mismo ministerio, encabezado por la hermana del presidente, Alicia Kirchner.
La atención pública recayó por primera vez sobre Ceballos en ocasión de una manifestación de Barrios de Pie realizada frente al Ministerio de Relaciones Exteriores, en los primeros días de agosto de 2003, en repudio del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). Los dirigentes de la protesta fueron recibidos por Jorge Taiana y Eduardo Sigal, que por entonces eran, respectivamente, secretario del área política de la Cancillería y subsecretario de Integración Económica. Según la crónica de Página 12, Ceballos declaró:
Para nosotros este gobierno no es lo mismo que los anteriores, como tampoco es lo mismo Kirchner que Duhalde. Nosotros hemos sido opositores a Eduardo Duhalde, por eso no podríamos ser oficialistas ahora. No somos kirchneristas, pero vemos positivamente algunas de las medidas que se han tomado frente a los derechos humanos y las empresas privatizadas. [También aprobamos] definiciones que el Presidente fue dando, como eso de que a la Constitución Nacional hay que leerla entera, reconociendo los derechos de los que menos tienen. [13]
No era Ceballos el único piquetero que por entonces manifestaba una cautelosa adhesión al nuevo gobierno. En el lanzamiento de su campaña a gobernador bonaerense, Luis D'Elía fue más lejos: "Mientras el Presidente siga así, somos kirchneristas". Ya por entonces, el fundador de la Federación Tierra, Vivienda y Hábitat (FTV) trabajaba junto al Ministerio de Planificación en el armado de un plan de viviendas con piqueteros. El programa contemplaba la construcción de cuatro mil casas y la generación de diez mil puestos de empleo, reemplazando los subsidios del plan Jefas y Jefes de Hogar por cooperativas de trabajo. [14]
Otros piqueteros competían por una posición de privilegio junto a Kirchner. Raúl Castells, por ejemplo, que hacia 2003 era uno de los dirigentes de discurso más extremo, invitó a Alicia Kirchner a uno de sus actos, en ocasión de la entrega de vehículos a cooperativas de trabajo de cartoneros. [15]
Por cierto, por esos tiempos los papeles se invirtieron. Los funcionarios del gobierno pasaron a ser quienes, a veces, comenzaban a llamar a las redacciones de los periódicos para difundir acciones piqueteras. A propósito de la manifestación contra el ALCA ya mencionada, la periodista Laura Vales contó que su medio había recibido un llamado telefónico del propio Ministerio de Relaciones Exteriores. El funcionario habría dicho:
Estuvieron los desocupados haciendo un acto contra el ALCA en la puerta de la Cancillería. Si le interesa, le puedo contar cómo fue. Anoté algunas cosas.
El oficioso vocero pasó entonces un resumen detallado de lo que había observado en la jornada, incluyendo los nombres de los oradores.
Ese fue el contexto en que se efectuó la designación de Ceballos como director de Asistencia Comunitaria. En sus declaraciones a la agencia de noticias DyN, éste confirmó que su cargo dependería directamente de la ministra de Desarrollo Social. Dijo que su idea era:
Trabajar con el concepto que tiene el ministerio no sólo de hacer asistencia, sino sobre todo de promover capacidades laborales. Que la persona no sólo reciba la ayuda primaria que necesita, sino que se detecte su potencial para insertarse en la sociedad.
El Ministerio de Relaciones Exteriores: el caso Rudnik
El segundo caso sonado en la cooptación de los piqueteros por parte del gobierno de Kirchner data de comienzos de 2005. El 27 de mayo la prensa comunicaba que Isaac "Yuyo" Rudnik, un cordobés de 51 años, había sido elegido por el gobierno como enviado a la entonces convulsionada Bolivia. Rudnik era dirigente y cofundador de la agrupación de izquierda Patria Libre, fundada en 1987. Como tal, era coordinador de los equipos técnicos de relaciones internacionales de Barrios de Pie, brazo piquetero de su bandería. Cobró estado público entonces que el piquetero ya era asesor de la Subsecretaría de Política Latinoamericana de la Cancillería. La decisión se justificó en el hecho de que Rudnik había cultivado fluidos nexos con las organizaciones sociales de la región. [16] Oscar Feito, vocero del entonces canciller Rafael Bielsa, declaró a La Nación:
Nos hemos cuidado de inmiscuirnos en cuestiones internas de otro país, por eso no podíamos enviar a alguien de alto perfil. [Rudnik] viajó [...] como observador. Su misión es informar a la Cancillería sobre el panorama político y social de Bolivia, no intervenir en la crisis. Hubo una decisión política para que el enviado no fuera un diplomático. [17]
Más allá de esas explicaciones oficiales, durante su misión en Bolivia Rudnik se entrevistó con el entonces opositor Evo Morales; el líder campesino Román Loizaga; el presidente de las juntas vecinales de El Alto, Abel Mamani; el obispo Jesús Juárez y representantes de diversos partidos políticos de izquierda. [18] Posteriormente, trabajó para fortalecer la alianza del gobierno argentino con el mandatario venezolano, Hugo Chávez. [19]
La incorporación de piqueteros al gobierno de la provincia de Buenos Aires
Durante los meses siguientes, la Provincia de Buenos Aires siguió los pasos del gobierno nacional en su estrategia de cooptación de dirigentes piqueteros. El primer nombramiento de importancia fue el de Emilio Pérsico como subsecretario de Políticas Públicas del gobierno provincial. Según diversos testigos, cuando fue designado en noviembre de 2005, hacía tiempo que se había convertido en una especie de gurú del gobernador Felipe Solá. A principios de 2006 ya figuraba como vicejefe de gabinete en diversos documentos oficiales y despachos de prensa. [20]
La historia política e ideológica de Pérsico es larga. Según crónicas de Página 12 (Buenos Aires) y El Día (La Plata), participó en la fallida contraofensiva de Montoneros de 1978, estuvo exiliado algunos meses y regresó a la Argentina en 1980. Militó en Intransigencia y Movilización, que dirigió Vicente Leónidas Saadi; después en Peronismo Revolucionario y en Peronismo que Resiste, grupo que a su vez co-fundó Quebracho. Allí permaneció por varios años hasta volver al Partido Justicialista. [21] Hacia fines de 2001 se había convertido en el referente nacional de una nueva agrupación emergida de la crisis, Movimiento Evita. [22]
Hasta mayo de 2003, las organizaciones vinculadas a Pérsico confluían con el Bloque Piquetero (Partido Obrero, MST y Partido Comunista, entre otras). Con ellos bloqueó el polo petroquímico de Dock Sud. A partir de entonces, sin embargo, estas banderías reformularon su estrategia, pasando a movilizarse contra el Fondo Monetario Internacional y los grupos empresarios señalados por Kirchner como adversarios. En una entrevista de Página 12, Pérsico explicó su apoyo a Kirchner:
-A muchos compañeros que venían laburando dentro del peronismo liberal les picó el bichito revolucionario. Es una experiencia nueva, de compañeros que estaban en el PJ y en otros espacios alternativos. La idea es que suceda un fenómeno como el que impulsó Perón, quien no creó los sindicatos pero los integró al peronismo. Creemos que ahora hay una oportunidad parecida: existe un movimiento de masas que en los últimos años encabezó la resistencia al modelo neoliberal y es el tiempo de integrarlo al proceso político.
-Ustedes vienen a ser los piqueteros kirchneristas, entonces.
-No somos kirchneristas, no somos parte del Gobierno ni del kirchnerismo, venimos del espacio de la resistencia. Yo pertenecía a Quebracho. Lo que creemos es que hubo una etapa en que había que empujar la crisis y ahora se abrió un tiempo nuevo, en el que lo central es discutir el modelo. De esa discusión nosotros sí queremos ser parte". [23]
La incorporación de Pérsico al gobierno de la provincia de Buenos Aires trajo consigo el ascenso político de otros hombres fuertes del Movimiento Evita, como Fernando ("El Chino") Navarro, que se convirtió en presidente del bloque de diputados provinciales del Frente para la Victoria.
Hacia fines de 2006, la agrupación de Pérsico ya contaba con varios funcionarios y legisladores, además de diversos programas de gobierno en los municipios. Éste pudo ubicar allí coordinadores y directores. Entre otros, fueron designados Edgardo Binztock, secretario de Derechos Humanos, y Gildo Onorato, director de juventud platense.
Según informaba Laura Di Marco, de La Nación, en octubre de 2006, el esquema se completaba con una red de cooperativas fabricantes de productos comprados por el Estado bonaerense. [24] Diez meses antes, el propio Pérsico confesaba a El Día de La Plata: "Ya perdí la cuenta de los compañeros del MTD Evita que son funcionarios en Provincia, Nación, que son diputados nacionales, senadores. Miro los que éramos y los que somos ahora y me da miedo". [25]
El Consejo de Integración Social de la provincia de Buenos Aires
En febrero de 2006 Solá dio otro paso, constituyendo un Consejo de Integración Social. En su carácter de subsecretario y vicejefe del Gabinete bonaerense, Pérsico fue designado secretario ejecutivo. Participarían del nuevo ente dirigentes piqueteros aliados al gobierno, además de unas 180 organizaciones territoriales. [26]
La iniciativa fue descripta por el gobernador y por Mario Oporto, su jefe de Gabinete, como una forma de incorporar el Estado a las organizaciones populares que venían trabajando en áreas como educación, cultura, vivienda, empleo, equidad de género, derechos humanos y diversas áreas productivas. Algunas de las organizaciones ya trabajaban para la Provincia en tareas como la construcción de veredas y la limpieza de zanjas y arroyos. Otras eran cooperativas de trabajo para la confección de guardapolvos y zapatillas. El nutrido acto fundacional contó con la presencia de Jorge Ceballos y del entonces flamante subsecretario de Tierras para el Hábitat Social de la Nación, el piquetero Luis D´Elía. [27] En las palabras de Solá, la medida era el resultado de
un acercamiento progresivo [...] entre una posibilidad de encuentro [inspirada en] el respeto del gobierno por el trabajo de las organizaciones, y la necesidad de éstas de que una gestión que se dice popular y quiere serlo, las acompañe cuando desarrollan un trabajo social, productivo, de capacitación, de afirmación de la posibilidad de ser ciudadanos. [28]
Por su parte, en una alocución que transparenta la ideología subyacente al emprendimiento, Oporto reiteró que el objetivo era:
Integrar el Estado a las organizaciones sociales que durante tanto tiempo lo reemplazaron en lugares donde había estado ausente. [...] Queremos construir una política popular y un Estado popular, que defienda los intereses nacionales y los de la mayoría. [...] Creemos que hay que articular las políticas del Estado con la operatoria de las organizaciones sociales. [...] Queremos articular la legislación nacional con la provincial, para seguir transformando este Estado burocrático en uno cuyas leyes favorezcan la participación popular en todos sus rincones. [...] Lo nuestro no es voluntarismo, sino la institucionalización de las políticas de un Estado popular. [...] Queremos que el Estado esté presente en todas partes, pero especialmente donde hay mayores necesidades. No vamos a crear una nueva estructura, sino que desde la jefatura de Gabinete vamos a articular políticas con los distintos ministerios de nuestro gobierno, y junto a los legisladores, junto a las organizaciones sociales, vamos a tratar de lograr ese anhelo que siempre tuvimos desde que empezamos a militar: transformar la realidad". [29]
Luis D'Elía al gobierno nacional
Quizás el punto álgido en la incorporación de piqueteros al Estado haya sido el nombramiento de Luis D'Elía al frente de la nueva Subsecretaría de Tierras para el Hábitat Social. [30] Su designación, bajo la égida de la Secretaría de Obras Públicas, se consumó con un decreto del Poder Ejecutivo Nacional del 20 de febrero de 2006. [31] D'Elía, ex diputado provincial del Polo Social, era portador de frondosos antecedentes de militancia. Durante el gobierno de Raúl Alfonsín había encabezado campañas de usurpación de tierras privadas y públicas para el establecimiento de asentamientos en el conurbano bonaerense, que mencionamos al comienzo. Durante el gobierno de Carlos Menem se adaptó a la metodología piquetera que cundió entonces, junto con el eclipse de los sindicatos y la emergencia del desempleo masivo. Su organización se convirtió en una de las más importantes de la vertiente villera del movimiento de protesta. En noviembre de 2005, poco antes de su designación en el gobierno de Kirchner, había probado su lealtad hacia Hugo Chávez a través de su crucial aporte a la "Contra Cumbre" o "III Cumbre de los Pueblos" de Mar del Plata. Gracias en parte a D'Elía, el mandatario venezolano usufructuó una grandiosa tribuna para protestar contra el presidente norteamericano George W. Bush, que se hallaba en la misma ciudad participando de la IV Cumbre de las Américas. Según declaraciones posteriores del propio D'Elía, ese y otros actos importantes contaron con financiación venezolana directa. [32]
Por otra parte, es interesante registrar que, al asumir sus funciones, el dirigente piquetero ya podía clasificarse como un hombre de clase media. En la declaración jurada de bienes que entonces presentó ante la Oficina Anticorrupción, reconoció un patrimonio de 245.676 pesos, conjuntamente con su mujer Alicia Sánchez. Incluía dos automóviles por un valor de 85.500 pesos y una casa en Isidro Casanova con un valor fiscal de 160.000 pesos. También declaró que desde 1999 era dueño de una empresa de construcción de viviendas, Luis D Elía Construcciones, de momento inactiva pero en condiciones de entrar en operaciones. [33]
El acto en que D'Elía fue puesto en funciones estuvo colmado por militantes de la Federación de Tierra y Viviendas, la agrupación por él fundada y dirigida. Su misión principal sería la regularización del dominio de miles de terrenos fiscales y privados ocupados en todo el territorio nacional. Para ello, debía intentar modificar la ley nacional 24.374, llamada ley Pierri, que establece un tiempo mínimo de diez años para que los ocupantes de un terreno accedan a su propiedad, siempre que en ese plazo no aparezca un propietario que la reclame.
Al ponerlo en funciones, el ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Julio de Vido, dijo que era objetivo del gobierno la redistribución del ingreso, asegurando que "nada ni nadie podrá torcer este camino". En tanto, el nuevo funcionario adelantó que elevaría un proyecto para el pago con bonos de tierras expropiadas por el Estado. [34] Otra posibilidad era la de comprar la propiedad ocupada a una cifra que oscilara entre el valor de mercado y el valor fiscal, lo que según él representaría "un mecanismo de tasación que dé como resultado una retribución justa". [35]
Se recordará que la toma de tierras fue precisamente la especialidad de D'Elía, iniciado en ella a partir de su experiencia de 1985 en la Cooperativa El Tambo. [36] Entre sus tareas inmediatas, el subsecretario debía negociar una indemnización para los propietarios de tierras ocupadas, para luego proceder a conceder títulos de propiedad a sus ocupantes ilegales. También debía promover la aplicación de unas 140 leyes de expropiación de tierras que por entonces tenían vigencia en la provincia de Buenos Aires. Asimismo, debía proponer medidas para facilitar el acceso a tierras fiscales en todo el país, con el fin de erigir unidades habitacionales. En un editorial del 26 de febrero, La Nación recordaba que D'Elía tenía una causa penal abierta por el copamiento de una comisaría en el barrio de La Boca, acontecida el 25 de junio de 2004. En la opinión de la redacción, "su nombramiento no parece digno de ser aplaudido, porque transmite la idea de que se premia a quienes violan las leyes y se jactan de ello". [37] 37
Piqueteros al gobierno de la ciudad de Buenos Aires
D'Elía no fue el único que terminó premiado entre los involucrados en aquella toma. Otro de los principales acusados, Ángel "Lito" Borello, pasó a desempeñarse como funcionario en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a partir del 13 de junio de 2006. [38]
Borello, muy cercano a la Asociación Madres de Plaza de Mayo, se convirtió en director de la Coordinadora de Política Social Urbana, un área nueva en el gobierno porteño. Había comenzado su militancia en la Federación Juvenil Comunista. Durante la década del noventa había sido uno de los protagonistas de la ocupación de las bodegas Giol, en Palermo. Fundó el comedor Los Pibes de La Boca, que también alberga emprendimientos productivos como la panificación y la fabricación de productos textiles. Se embanderó junto a D'Elía en la Federación Tierra y Vivienda, y participó de la toma de la comisaría de La Boca para protestar por el asesinato de un compañero suyo, Martín "El Oso" Cisneros.
Al asumir sus funciones, Borello se comprometió a convocar a piqueteros de diversas organizaciones sociales oficialistas. El primer nombre confirmado fue el de Juan Pablo Cusa, del Movimiento Evita. Entre las misiones del nuevo ente estaba el rediseño de los planes y subsidios otorgados por la ciudad; la aportación de soluciones parciales al problema de la vivienda; y la reconversión de los comedores de simples merenderos a redes de contención integral con funciones médicas y educativas.
Borello fue el segundo funcionario porteño de origen piquetero. Dos meses antes que él, a mediados de abril de 2006, Rodolfo Córdoba había sido designado subsecretario de la Producción. Como tal sería la mano derecha del ministro del área, Enrique Rodríguez. Al momento de ser designado, Córdoba era presidente de la Junta Nacional de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), conducida entonces por Víctor De Gennaro. [39] Según crónicas de la época, antes de su designación en la ciudad había sido invitado por Luis D'Elía a incorporarse a su subsecretaría.
Los piqueteros como legisladores
El nombramiento del antedicho Rodolfo Córdoba fue posible gracias a los buenos oficios del diputado nacional Edgardo Depetri, quien gestionó su designación ante el jefe de gobierno Jorge Telerman, en nombre del ministro De Vido. Según Diego Schurman de Página 12, Córdoba y Depetri eran aliados cercanos. El primero militaba en el kirchnerista Frente Transversal Nacional y Popular (FTNP), del que el segundo era jefe nacional. [40]
Según su autodefinición ante Clarín, Depetri fue militante sindical toda su vida. Fue secretario general de ATE Río Turbio y fundador de la CTA. Conoció a Kirchner cuando éste era abogado de ATE en Río Turbio. [41] Fue elegido diputado nacional en octubre de 2005, ocupando el número trece en la lista del Frente para la Victoria, que encabezó el intendente de La Matanza, Alberto Balestrini. Al poco tiempo había obtenido la conducción de la estratégica Comisión de Obras Públicas.
Aquellos comicios resultaron una grave decepción para los piqueteros opositores. Fracasó Néstor Pitrola, candidato a diputado nacional por el Partido Obrero (PO). La misma suerte corrieron Raúl Castells y Nina Peloso, postulantes a diputado y senadora del Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD). No superaron el 2% de los votos de la provincia de Buenos Aires.
Pero las agrupaciones piqueteras kirchneristas salieron victoriosas, cosechando, además de la banca nacional de Depetri, un senador y tres diputados provinciales bonaerenses. Los legisladores provinciales piqueteros provinieron del Frente Transversal Nacional y Popular, creado por el propio Depetri; de Barrios de Pie, liderado por Jorge Ceballos; de la Federación Tierra y Vivienda, encabezada por Luis D´Elía, y del MTD-Evita, de Emilio Pérsico. [42] También hubo un contingente de piqueteros oficialistas elegidos como concejales en diversos municipios. En suma, los piqueteros incorporados a las diversas esferas del Estado consiguieron convertir a varios de sus seguidores en legisladores.
Creced y multiplicaos
En junio de 2006 y otra vez en septiembre, María Cecilia Tosi de La Nación observaba que a esas alturas ya había más de cincuenta piqueteros ocupando cargos en ministerios y dependencias gubernamentales. A los mencionados arriba, agregaba:
Carlos López (FTV), Néstor Moccia (Barrios de Pie) y Santiago Martorelli (Movimiento Evita), que revistaban en el despacho de Oscar Parrilli, secretario general de la Presidencia;
Jorge Rivolta, hombre de confianza de Depetri, convertido en asesor del ministro de Planificación Federal;
Emilio López Montaner, del Movimiento Evita, con funciones en la cartera de De Vido;
Luis Bordón, militante de Barrios de Pie y padre de un adolescente de diecisiete años asesinado por la policía de Mendoza en 1997, que revistaba como coordinador del programa Anti Impunidad del Ministerio de Justicia;
Laura Velasco, piquetera de Barrios de Pie, que pasó a desempeñarse como coordinadora del programa de Alfabetización y Voluntad Universitaria del Ministerio de Educación;
Néstor Piccone, hombre de D'Elía, que de secretario de prensa de la CTA pasó a gerente periodístico en Radio Nacional;
Roberto Baigorria, militante de Barrios de Pie, que fue nombrado subjefe del programa Promotores del Ministerio de Desarrollo Social;
Nelson González, del Frente Transversal Nacional y Popular, designado como uno de los encargados de administrar el programa de Pensiones de dicho ministerio;
Lorena Riego, del Movimiento Evita liderado por Pérsico, designada como directora provincial del programa de Derechos Humanos;
Eduardo Ancona, también hombre de Pérsico, nombrado director provincial de Coordinación de Política Regional;
Pablo Ovey, de la misma línea, designado director provincial de Desarrollo Humano;
En el municipio de Quilmes, Hugo Colaone y Fabio González, ambos del Movimiento Evita, designados respectivamente director de Derechos Humanos y subsecretario de Inclusión Social. [43]
A la vez, el 14 de ese mes se informaba que Pablo Vera, dirigente piquetero del Movimiento de Trabajadores Desocupados Evita, asumiría funciones como vicejefe de gabinete de Avellaneda. Martín Dinatale de La Nación observaba que esa ciudad se agregaba a la lista de más de diez municipios bonaerenses que ya por entonces tenían líderes piqueteros como funcionarios.
En esos meses había aumentado mucho el número de municipios con piqueteros en sus despachos. Además de en los nombrados, ya los había en La Plata, Florencio Varela y San Fernando, con perspectivas de que, en breve, se sumaran Lanús, Vicente López y San Isidro. En las provincias del interior, Luis D'Elía también estaba incorporando dirigentes de su agrupación a cargos municipales. Según informaba la prensa, hacia septiembre de 2006 ya había conseguido acuerdos con comunas de Jujuy, Salta y Tucumán. [44]
Esta táctica de incorporar piqueteros a los gobiernos y legislaturas fue interpretada por sus protagonistas como una metodología para sumar votos en elecciones, y también como una forma de controlar la crisis social heredada por el gobierno. Según explicara a la prensa un secretario de Estado con diálogo directo con el presidente: "Cuanto más compromiso en las comunas y nuevos cargos clave logremos para los movimientos sociales, mayor será la adhesión electoral que lograremos el año que viene".
Simultáneamente, el piquetero Pablo Vera, ya vicejefe de Gabinete de la comuna de Avellaneda, explicaba lo mismo con un matiz diferente: "La intención del kirchnerismo es meter el conflicto social en el Estado, para que desde allí se generen soluciones a los problemas de pobreza y desempleo".
Oscar Parrilli, secretario general de la Presidencia; Rafael Follonier, viceministro del Interior, y Sergio Berni, subsecretario de Abordaje Territorial del Ministerio de Desarrollo Social, son los funcionarios a los que la prensa atribuyó la difícil misión de articular la relación entre el gobierno y las organizaciones sociales. En el juicio contundente de La Nación de aquellos días:
Desde que Kirchner llegó a la Presidencia, este núcleo logró acuerdos con los grupos piqueteros para desactivar la protesta social que estallaba en las calles luego de la crisis de 2001. Luego se acordó con ellos el reparto de planes sociales y el apoyo del aparato electoral para los comicios de 2005. [45]
Por otra parte, junto con este fenómeno de creciente cooptación de dirigentes piqueteros, emergió un acuerdo implícito entre ellos y sus organizaciones de origen, por el que parte de la dieta o sueldo que recibían como funcionarios o legisladores era donada al movimiento al que respondían. Algunos entregaban entre el 5 y 10% de sus salarios. Pero no había una regla rígida y cada caso tenía su especificidad. Según sus allegados, Emilio Pérsico y Jorge Ceballos donaban más del 40% de sus honorarios a sus agrupaciones. Este procedimiento, característico de la Argentina clientelista, se observa también en otras instituciones y no resulta sorprendente.
El desenlace del caso D'Elía
La cooptación de piqueteros respondía a los objetivos reseñados. Su integración al aparato del Estado era concebida como mutuamente conveniente. Los intereses del gobierno eran servidos, a la vez que las organizaciones populares se beneficiaban. En la medida en que esta política contribuyó a afianzar una paz social amenazada, se puede afirmar que también sirvió al "interés nacional" argentino, ampliamente definido.
Hubo un dirigente piquetero clave, sin embargo, que no quiso limitar su accionar a las reglas impuestas por la disciplina del gobierno al que servía, y que intentó propiciar su propia agenda: Luis D'Elía. Su trayectoria de nueve meses en la función pública demuestra en qué medida Kirchner estuvo en todo momento en control de la situación creada por la incorporación de piqueteros a su gobierno.
La relación entre D'Elía y la cúpula del poder nunca fue fácil, y su distanciamiento se gestó en tres fases. El primer sobresalto se produjo cuando, el 10 de agosto de 2006, sin autorización judicial, D'Elía cortó los alambres de cuatro tranqueras de la correntina Estancia El Tránsito, propiedad del empresario norteamericano Douglas Tompkins y de la empresa Forestal Andina. Argumentó que las tranqueras bloqueaban caminos de aborígenes de la zona. [46]
El episodio derivó en un proyecto legislativo para expropiar tierras en manos de extranjeros, eventualmente desactivado por el Gobierno, [47] que fue presentado al Congreso por Araceli Méndez de Ferreyra, diputada kirchnerista por Corrientes. Según ella, el proyecto contó originalmente con el apoyo de otros cuarenta legisladores del Frente para la Victoria, el socialismo y el ARI. El mismo preveía expropiar alrededor de 296.000 hectáreas, cumpliendo con las indemnizaciones previstas por la ley 21.499, [48] y proponía erigir un parque y una reserva nacional. Aunque sólo afectaría las propiedades de Tompkins y de Forestal Andina, la legisladora adelantó que, más allá de ese primer proyecto, se seguiría trabajando para elaborar otros a fin de expropiar tierras consideradas de utilidad pública en todo el país y fijar normas más estrictas que limitaran la compra de tierras por parte de inversores extranjeros. [49]
El 17 de agosto, en el bullicioso acto que acompañó la presentación del proyecto al Congreso, D'Elía subió la apuesta diciendo:
Queremos decirles a todos: Vamos a seguir cortando cadenas. [...] ¿Qué es más importante, la propiedad privada de unos pocos o la soberanía de todos? [...] Vamos a estar en todas las rutas y caminos vecinales donde nos pongan tranqueras.
Estuvieron presentes el embajador de Venezuela, Roger Capella; su par de Bolivia, Roger Ortiz Mercado; la titular de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini; Sergio Schoklender; el cura Luis Farinello; el cineasta Fernando "Pino" Solanas y una decena de diputados nacionales del bloque oficialista.
No obstante, desde la conducción del bloque kirchnerista se tomó inmediata distancia del proyecto. Según el periodista Jaime Rosemberg, en el interior del bloque se murmuró entonces que las chances de aprobar el proyecto eran "muy cercanas a cero". Y el prestigioso periodista Joaquín Morales Solá apuntó poco después que el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, había desautorizado públicamente a D'Elía en cuanto éste habló de expropiar tierras en poder de extranjeros. [50]
Estas contradicciones no son extrañas, si se considera la ambigüedad con que desde la cúpula del poder se trató siempre a aquel radicalizado funcionario piquetero. Para llevar adelante la labor asignada, D' Elía hubiera necesitado comprar terrenos y pagar costas legales, lo que exigía disponer de vastos recursos. Pero su subsecretaría no dispuso nunca de un presupuesto definido. La Secretaría de Obras Públicas, a la que el presupuesto de 2006 asignaba 3.000 millones de pesos, nunca le transfirió fondos. [51]
El segundo episodio conducente a un distanciamiento entre D'Elía y el gobierno fue la amenazante contramarcha realizada el 30 de agosto de 2006, para neutralizar la manifestación que, en demanda de seguridad, había sido convocada por Juan Carlos Blumberg. La manifestación había sido organizada originalmente por el Premio Nóbel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel. Un poco contra la voluntad de éste, D'Elía decidió sumarse a la propuesta. A los pocos días retrocedió, pero advirtió que los militantes de su Federación Tierra y Vivienda podrían optar por asistir. Como consecuencia, un plenario de más de cien de sus dirigentes adhirió a la contrapropuesta bajo el lema "Sí a la vida, no a la represión. Basta de violencia, no le regalemos la calle a la mano dura". [52]
Las encuestas inmediatamente demostraron cierto retroceso en la popularidad del gobierno, atribuido entre otros errores a esa iniciativa. [53] El acontecimiento fue un punto de inflexión en la relación entre Kirchner y Blumberg, que de referente social pasó a ser un dirigente político de la oposición. El 3 de septiembre, Página 12 informaba que "la desazón por los resultados de la contramarcha es inocultable entre los principales cuadros y las segundas líneas del Gobierno", agregando:
En el bando oficial, las ballestas apuntaron todas al subsecretario de Tierras para el Hábitat Social y ex piquetero Luis D'Elía. Su aparición, sus amenazas, su discurso amedrentador y arcaico, motivaron varias desmentidas del propio gobierno, muchas por boca del jefe de Gabinete, Alberto Fernández, pero ningún úkase para que detenga su faena. El lenguaje utilizado por D'Elía por momentos rozó lo grotesco (como cuando dijo temer que sus bases lo desborden) y la mayor parte de las veces estuvo teñido por un tono de intimidación.
Fue en parte porque el gobierno le pasó la factura por su desmesura que D'Elía hizo un amague de renuncia a mediados de septiembre. Ésta fue rechazada, pero se le pidió al funcionario-piquetero que bajara su perfil. La prensa especuló entonces que, aunque el piquetero era un riesgo para el gobierno, éste consideraba que tenerlo en la vereda de enfrente sería un riesgo mayor.
Pero moderarse no era la intención de D'Elía. Aparentemente, sus ambiciones o convicciones le impedían subordinarse a la relativa disciplina exigida por Kirchner. El último episodio en el distanciamiento entre ambos, que resultó en el alejamiento del piquetero de su puesto público, tuvo lugar tras la orden de captura contra el ex presidente de Irán, Al Di Akbar Hahsemi Rafsanjani, y otros siete ex funcionarios de ese país, librada por la justicia argentina a principios de noviembre de 2006 a raíz del probable involucramiento de éstos en el atentado terrorista de 1994 contra AMIA, la sociedad mutual de la comunidad judía argentina. Se produjo entonces una inmediata reacción desde Irán, que anunció que reclamaría a Interpol el arresto y la extradición de los jueces y fiscales argentinos vinculados a la causa.
En ese contexto, D'Elía consultó primero con el embajador de Venezuela, cuyo régimen era aliado tanto suyo como de Irán. [54] Luego, acompañado por el diputado provincial Juan Cantuelo (Buenos Aires), el funcionario argentino anunció que se ponía del lado de Irán. Se reunió con el encargado de negocios de ese país en Buenos Aires, Mohsen Baharvand, manifestando en una carta que
El dictamen judicial que acusa a la República de Irán por el tema AMIA está profundamente contaminado por circunstancias mundiales ajenas a la búsqueda de la verdad. [...] La pretensión de Estados Unidos e Israel no parece tener como prioridad esclarecer lo de la AMIA, sino que Argentina rompa relaciones con Irán para tratar de aislarla internacionalmente y facilitar una agresión militar norteamericano-israelí a la república islámica. [55]
Del encuentro también participaron dos representantes de la comunidad islámica argentina: el secretario general de la mezquita de Floresta, Yusuf Jalil, y el sheik Mohsen Alí. Ambos aprobaban las críticas contra Israel y los Estados Unidos. Por su parte, las palabras de la carta de D'Elía eran casi un calco de las expresiones del vocero del ministro iraní de Relaciones Exteriores, Mohamad Ali Hosseini, que antes había denunciado el fallo de la justicia argentina como "un complot sionista-estadounidense". [56]
De este modo, un funcionario de tercer nivel no sólo se entrometía en una causa judicial sino que intentaba apropiarse de una dimensión vital de la política exterior argentina. Para cualquier presidente, pero aún más para quien, como Kirchner, admitía pocos disensos, la situación era insostenible.
Pero las circunstancias políticas del momento tornaban aún más grave la insubordinación de D'Elía. La derrota del candidato kirchnerista en Misiones, en las elecciones de fines de octubre, había sensibilizado al presidente respecto del impacto negativo que tuvo en los sectores medios de la sociedad su actitud hacia esos comicios. Por ese motivo, Kirchner estaba empeñado en darle a su gestión una impronta enfocada en las instituciones, que disipara la mala impresión causada por su previo apoyo a las reelecciones ilimitadas. Y justo en ese trance, un subsecretario suyo se entrometía con la Justicia e intentaba convertirse en un vector de radicalización de la política exterior. Por cierto, la rebelión de D'Elía llegó en el peor momento, al punto de que la prensa especuló con que pudiera haber sido una maniobra del propio piquetero para alejarse de un gobierno que ya no respondía a su ideario.
En lo inmediato, lo sucedido condujo a un ríspido intercambio de D'Elía con el secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, que era el funcionario encargado de articular las relaciones entre el gobierno y los funcionarios de origen piquetero. Éste le advirtió que ya no podría defenderlo. Punto seguido, el 14 de noviembre D'Elía dejó su cargo, después de negar que le hubieran pedido la renuncia.
No obstante, insistió en que su alianza con el Presidente era"inquebrantable". De ese modo se aseguró la permanencia en sus cargos de los funcionarios provenientes de su sector piquetero. También consiguió para sí el control de los programas sociales adjudicados por el Estado a su movimiento, prebenda de gran significación si se considera que, desde 2002 hasta su renuncia en noviembre de 2006, su organización había crecido de apenas 3.000 militantes a unos 200.000. [57]
Con estos recaudos, el gobierno evitaba que D'Elía se convirtiera en un piquetero opositor. También se neutralizaba el malestar que, según allegados a D'Elía, cundía entre sectores sociales militantes en el gobierno que entreveían un acercamiento de la Casa Rosada a los Estados Unidos y una toma de distancia frente a la Venezuela de Chávez. [58]
Y en verdad, eso era precisamente lo que ocurría. El acercamiento de Venezuela a Irán y la evidencia de que el régimen teocrático persa estaba involucrado en el atentado contra la AMIA, obligaba a Kirchner a imponer un límite a sus relaciones con la república bolivariana. Mantenía la alianza financiera y energética, pero tomaba clara distancia frente a sus juegos geoestratégicos en el Medio Oriente. [59]
Por otra parte, D'Elía no sólo no se convirtió en opositor del gobierno, sino que ya en la siguiente administración presidencial, al producirse la primera crisis del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, cuando miles de manifestantes de clase media acudieron ruidosamente a la Casa de Gobierno para expresar su descontento con los impuestos a las exportaciones del campo, el piquetero lideró sus propias huestes para enfrentarse a los opositores, que rápidamente se desbandaron frente a su presencia intimidatoria. [60]
Repercusiones ulteriores
Frente a la salida del piquetero del gobierno, el influyente columnista Morales Solá recordó que su presencia allí había sido responsabilidad del Presidente, que habría respondido a dos motivaciones. La primera habría sido:
Captar a los ex dirigentes piqueteros para que se fueran de la calle sin que el Gobierno debiera reprimirlos. A muchos de ellos les dio cargos oficiales y generosos presupuestos, incluidos muchos planes sociales que distribuyen a cambio de inquebrantables solidaridades.
La segunda motivación conjeturada por Morales Solá estaba vinculada "al temor que provocaba en muchos sectores sociales la existencia en el Gobierno, siempre difusa, del virtual jefe de una fuerza de choque". El columnista se explayaba:
Ningún empresario olvidó nunca, por ejemplo, aquel enojo público de Kirchner con las petroleras Shell y Esso, y el inmediato boicot de D'Elía a sus estaciones de servicio. Cada vez que el Presidente aludía críticamente a sectores empresarios, éstos esperaban a D'Elía en la puerta de sus empresas. El ex piquetero llegó pocas veces a la cita, pero algunas veces llegó. El precedente y el temor eran lo importante.
Cabal miembro de la oposición, Morales Solá no estaba dispuesto a reconocer que, aunque fuera válida su conjetura, no era menos verdad que en la Argentina los empresarios fuertes estaban acostumbrados a cogobernar, y que el método diseñado por Kirchner para vacunarse contra las desestabilizaciones que habían sufrido presidentes del pasado reciente era por lo menos ingenioso. El poder de veto extra-constitucional de los empresarios, que había sido aplicado, entre otros, contra Raúl Alfonsín y Fernando de la Rúa, era neutralizado por un nuevo poder de veto, también extra-constitucional: el de los piqueteros. Y para colmo de bienes, el arriesgado gambito de cooptar a éstos había contribuido a una creciente paz social.
En realidad, el experimento parece haber sido bien administrado. Cuando fue necesario alejar a un protagonista para consolidar no sólo la autoridad presidencial sino también una política exterior disimuladamente pro-occidental, el Presidente tuvo el poder para hacer lo que las circunstancias exigían.
En lo que sí acertaba Morales Solá es que D'Elía había pasado a representar más al presidente venezolano que a su propio jefe:
Kirchner supuso [...] que su subsecretario estaba actuando más como vocero de Hugo Chávez que como funcionario suyo. El caso de Irán ya había enfriado la relación entre Kirchner y Chávez, porque éste es un ferviente defensor de los ayatollahs iraníes. La profundización de la investigación del atentado a la AMIA (y su obvia conclusión de que hubo instigación y financiación de Irán para esa masacre) acerca objetivamente a Kirchner a los intereses estratégicos de Washington y de Israel. [61]
A su vez, el matutino Clarín avanzaba más allá de la conjetura, informando en un titular:
Se fue D'Elía: había arreglado con Chávez su apoyo a Irán. El sábado había almorzado con el embajador de Venezuela en la Argentina. En el encuentro, acordó hacer una señal de respaldo a la República Islámica. Y después se lo comunicó a Kirchner, quien le exigió que no lo hiciera. [62]
El acotado éxito del experimento populista
Hacia septiembre de 2007, las altas tasas de crecimiento económico y la reducción del desempleo (menos acentuada de lo que indican las manipuladas cifras del INDEC, pero más sustantiva de lo que pretende la oposición argentina), sumadas a la cooptación de parte del movimiento piquetero, habían aumentado la gobernabilidad en la Argentina. [63] Como se dijo al principio y parafraseando el título citado del diario La Nación, a fines de la gestión de Néstor Kirchner para muchos piqueteros ya no servía cortar calles.
Desde mucho antes, el reclamo público de planes sociales había dejado de ser el objetivo central de las organizaciones, adquiriendo en todo caso un cariz solapado. Por ejemplo, Néstor Pitrola, líder del Polo Obrero, admitía a mediados de 2007 que debían "sacarse el traje de desocupados". Por eso, a partir de 2006 su grupo había empezado a captar militantes en una veintena de gremios, a respaldar protestas vecinales y juveniles, y a comandar cooperativas de trabajo y de viviendas. La protesta en la Argentina estaba comenzando a encaminarse por los carriles propios de un país "normal", donde la mayoría de los que protestan son obreros sindicalizados con empleo, a diferencia de la etapa de la crisis, en que las organizaciones populares se centraron en las demandas de la enorme masa de desocupados.
Algo similar reconocía a La Nación Gustavo Giménez, dirigente de Teresa Vive. Por cierto, el éxito de la estrategia oficial dejaba desacomodados a los piqueteros opositores, que comenzaron a dividirse. Juan Cruz Daffunchio, líder del Movimiento de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón, acudía a la autocrítica: "Algo mal hicimos para caer en estas luchas". El periodista Juan Pablo Morales recordaba que el movimiento Aníbal Verón original ya estaba dividido en por lo menos cuatro corrientes diferentes.
También la Corriente Clasista y Combativa (CCC), comandada por Juan Carlos Alderete, abandonó los cortes sistemáticos de rutas y calles. Alderete decía que a esas alturas su prioridad era "demostrar que la CCC es más que una agrupación que corta rutas. [...] Hemos retomado la representación obrera". El cronista recapitulaba:
Hace tiempo, la CCC tiene variados intereses políticos e intenta generar poder en diversas estructuras sociales. Sólo cuatro ejemplos: participa activamente en la asamblea ambiental de Gualeguaychú, acompaña protestas de campesinos, conduce un buen número de cooperativas en todo el país y tiene representación sindical en varias provincias. [...] Otras agrupaciones, más radicales, también se transforman. Oscar Kuperman, del combativo Cuba-MTR, reconoció que el eje ya no es solamente reclamar planes y ganar la calle. ‘Creamos una coordinadora con otros grupos, focalizada en la educación, la salud y la vivienda. Seguimos luchando, pero es innegable que hubo cambios' (dijo Kuperman a La Nación).
Quizá sin darse cuenta de que su diagnóstico revelaba el éxito de Kirchner, el cronista remataba:
Sin distinciones, cada uno de los líderes piqueteros opositores sabe que los planes sociales ya no aseguran poder, e intentan asumir y redefinir roles para recuperar o consolidar espacios de poder que empiezan a ser esquivos. [64]
Conclusiones
Como ya se sugirió, desde el punto de vista del gobierno el experimento fue exitoso porque al neutralizarse la protesta, mejoró la gobernabilidad. Pero en tanto esa gobernabilidad se invirtió en políticas que interrumpieron una concentración del ingreso que venía gestándose durante décadas, el experimento también benefició a la clase trabajadora argentina. Los dirigentes piqueteros oficialistas se beneficiaron con prebendas, aunque perdieron parte de su autonomía en el ejercicio de su poder. Los únicos que perdieron en términos netos fueron los dirigentes piqueteros opositores.
Se trata, por supuesto, de un éxito acotado. Entre 1975 y 2003 la Argentina protagonizó la mayor involución de la historia económica mundial. Entre esos años, la masa de pobres creció del 5 hasta casi el 50%. Como consecuencia, nacieron las organizaciones de la nueva pobreza. En diciembre de 2001, éstas contribuyeron a derrocar a dos presidentes constitucionales.
Esa crisis de gobernabilidad, que puso a la Argentina en el borde del síndrome del Estado fallido, tuvo raíces estructurales. No fue el producto de la mala política de una gestión, sino de las consecuencias acumuladas de más de un cuarto de siglo de sistemáticas concentraciones del ingreso, perpetradas por una sucesión de gobiernos de todos los signos. Su correlato fue la creación de pobreza.
A partir de esa crisis, no parece realista suponer que las organizaciones populares podían ser sometidas a la ley como cualquier otra institución de la sociedad civil. El presidente Duhalde lo sabía. Es por eso que acortó su propio mandato cuando, en un desborde, murieron dos piqueteros cuyos actos ilegales estaban siendo reprimidos según manda la ley. Los gobiernos reaccionan así frente a ese tipo de adversidad sólo cuando la crisis latente de gobernabilidad es muy grave.
El audaz y original experimento populista de Kirchner salió bien en parte gracias a factores accidentales, como el precio internacional de la soja. La Argentina creció mucho en esos años. Aumentó el empleo. Y gracias a las políticas relativamente progresistas del gobierno, el ingreso no siguió concentrándose y disminuyó la pobreza. Pero eso no significa que se haya revertido el largo proceso previo de concentración del ingreso. Hacia 2008, las organizaciones de la nueva pobreza siguen siendo poderosas y detentan cierto poder de veto sobre las políticas de cualquier gobierno. Además, gracias al aumento de la ocupación, el poder sindical tradicional se ha recuperado.
Por eso, la evaluación "definitiva" del éxito o fracaso de la estrategia inaugurada en 2003 deberá esperar el desarrollo del nuevo capítulo en la relación de las organizaciones populares con el Estado, que recién comienza y tiene a Cristina Fernández como principal protagonista.
Los acontecimientos de marzo y abril de 2008 muestran hasta qué punto dicho flujo es permanente. Este estudio se limita a la presidencia de Néstor Kirchner.
Esta clasificación sigue los lineamientos ya ensayados por Isabel Rauber, "Cerrar el paso abriendo caminos: piquetes y piqueteros en la Argentina de la crisis", Revista Rebelión, noviembre de 2002; Maristella Svampa y Sebastián Pereyra, Entre la ruta y el barrio, Buenos Aires: Biblos, 2003, y Astor Massetti, Piqueteros: Protesta social e identidad colectiva, Buenos Aires: Editorial de las Ciencias/FLACSO, 2004.
En 1980, el 11,5% de los hogares estaba debajo de la línea de pobreza en Buenos Aires y su conurbano; en 1995, ese guarismo había trepado al 25%. Ver Javier Auyero, Poor People's Politics: Peronist Survival Networks and the Legacy of Evita, Durham NC: Duke, 2000, p. 28. Con la crisis de 2001 estos guarismos crecieron exponencialmente y así lo reconoció el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) antes de que sus cifras comenzaran a ser manipuladas, ya durante la gestión de Néstor Kirchner. Véase nota 64.
Denis Merklen, Pobres ciudadanos: Las clases populares en la era democrática argentina, 1983-2003, Buenos Aires: Editorial Gorla, 2005, p. 51. Véase también del mismo autor, Asentamientos en La Matanza: la terquedad de lo nuestro, Buenos Aires: Catálogos, 1991, e "Inscription territoriale et action collective. Les occupations illégales de terres urbaines depuis les années 1980 en Argentine", Paris, École des Hautes Etudes en Sciences Sociales, tesis de doctorado, 2001.
Denis Merklen, Asentamientos...,p. 112. Señala este autor que el 73% de las familias que tomaron tierras eran del propio partido de La Matanza, el 11% provenía del resto de la región metropolitana y el 14% de la Capital Federal, de manera que se habría tratado de un fenómeno intra-urbano. Cf. I. Rauber, op. cit., p. 5.
De un reportaje a Luis D'Elía publicado por el diario Página 12 el 19 de agosto de 2002. La emblemática organización que éste dirige, que hoy lleva el nombre de Federación de Tierra, Vivienda y Hábitat (FTV), originalmente se llamó Cooperativa EL Tambo. Véase C. Escudé, Festival de licuaciones: Causas y consecuencias de la pobreza en la Argentina, Buenos Aires: Lumière, 2006, pp. 146-148.
Entrevistas realizadas por antropólogas a vecinos de asentamientos nacidos de la toma ilegal de tierras confirman el protagonismo de éstos en los acontecimientos de 1989 y 1990. Ver María Rosa Neufeld y María Cristina Cravino, "Los saqueos y las ollas populares de 1989 en el Gran Buenos Aires. Pasado y presente de una experiencia formativa", Revista de Antropología, Vol. 44 (2), 2001. Respecto de los saqueos, véase también Javier Auyero, La Zona Gris: Violencia colectiva y política partidaria en la Argentina contemporánea, Buenos Aires: Siglo XXI, 2007.
En 1997, en el país hubo 170 piquetes con cortes de ruta; en 1999, 252; en 2000, 514; en 2001, 1383 y en 2002, 2336. Cifras de 2005 de Nueva Mayoría, citadas por Jonas Wolf, "(De)-Mobilising the Marginalized: A Comparison of the Argentine Piqueteros and Ecuador's Indigenous Movement", Journal of Latin American Studies, 39: 1-29 (2007), p. 6.
En octubre de 1991 la tasa de desocupación era del 6,0%, en octubre de 1994 había ascendido al 12,2%, y en octubre de 1996 ya era el 18%. Los desocupados y subocupados sumaban aproximadamente 1.600.000 a comienzos de la década del 90, para alcanzar unos 4 millones en el 2000 (cifras del INDEC a partir de mediciones anuales basadas en el promedio de los datos de 28 centros urbanos que representan al 70% de la población urbana). Este aumento del desempleo explica por qué, mientras entre 1983 y 1988 el 75% de las protestas eran lideradas por sindicatos, su participación había bajado al 60% entre 1989 y 1994, desdibujándose por completo a partir de 1995. Por otra parte, ese año fue el punto de inflexión a partir del cual los trabajadores desocupados eclipsaron a los ocupados en la protesta social (véase Federico Schuster y Sebastián Pereyra, "La protesta social en la Argentina democrática: balance y perspectivas de una forma de acción política", en Norma Giarracca, La protesta social en la Argentina: Transformaciones económicas y crisis social en el interior del país, Buenos Aires: Alianza, 2001, pp. 51-52). También es significativo lo que señala Auyero (2000): "el año 1991 marca un enorme cambio en el vínculo funcional entre las tendencias macroeconómicas y los niveles de empleo. De allí en adelante, el crecimiento del PBI fue acompañado por un aumento del desempleo" (op.cit., p. 37).
Véase Carlos Escudé, "From Captive to Failed State: Argentina under Systemic Populism, 1975-2006", en The Fletcher Forum of World Affairs, Vol. 30 (2), verano de 2006; y El EstadoParasitario: Argentina, ciclos de vaciamiento, clase política delictiva y colapso de la política exterior, Buenos Aires: Lumière, 2005, capítulo 2, pp. 67-100. Interpretaciones alternativas del fenómeno pueden consultarse en Edward C. Epstein, "The Piquetero Movement of Greater Buenos Aires: Working Class Protest during the Current Argentine Crisis", Canadian Journal of Latin American and Caribbean Studies, 1º de enero de 2003; y en Ana C. Dinerstein, 2003: "Power or Counter Power? The Dilemma of the Piquetero Movement in Argentina Post-crisis", Capital & Class 81, otoño 2003.
El 10 de enero de 2006, dos policías fueron condenados a cadena perpetua por el asesinato de los piqueteros caídos en 2002 (Darío Santillán y Maximiliano Kosteki). Los hechos en el Puente Pueyrredón y sus inmediaciones incluyeron destrozos de negocios y quema de autos y colectivos. El fallo cuestionó los métodos de protesta de los piqueteros, pero advirtió que la prioridad policial debe ser "preservar la vida".
Florencia Carbone (con la colaboración de María Cecilia Tosi), "Un piquetero, delegado oficial en Bolivia", La Nación, 27 de mayo de 2005. En ese momento trastabillaba el gobierno de Carlos Mesa, presidente desde octubre de 2003. Le sucedió interinamente Eduardo Rodríguez Veltzé. En diciembre de 2005 se convocaron las elecciones anticipadas que consagraron a Evo Morales como presidente electo. Éste asumió en enero de 2006.
Según Carbone y Tosi, antes de fundar Patria Libre Isaac Rudnik había militado en la Juventud Guevarista. Preso político durante el gobierno militar, en tiempos de Raúl Alfonsín militaba en el Partido Intransigente. Al momento de su nombramiento, además de dirigir los equipos técnicos de Barrios de Pie, escribía artículos para varias publicaciones de izquierda e integraba la organización "Autoconvocados contra el ALCA", junto al Premio Nóbel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, Nora Cortiñas. Viajaba frecuentemente por América Latina para participar de encuentros de organizaciones sociales - por caso, el II Congreso Bolivariano de los pueblos, que se realizó a fines de 2004 en Venezuela. Así se vinculó con dirigentes de todo el continente. Aparentemente, Rudnik cimentó entonces una estrecha relación con Evo Morales, que por aquellos años encabezaba el movimiento que exigía la renuncia del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-03).
Pese a ser un ente del Ejecutivo provincial, el Consejo sería conducido por legisladores y presidido (ad honorem) por la diputada nacional Cristina Álvarez Rodríguez. El Consejo no tendría presupuesto propio, usando la estructura de la subsecretaría de Pérsico.
Aparte de los nombrados, estuvieron presentes los diputados provinciales Juan José Cantiello y Laura Berardo, los senadores provinciales Hugo Gómez y Adela Segarra, y la diputada nacional Cristina Álvarez Rodríguez. Oporto también hizo una mención especial de un ausente muy involucrado en el proyecto, el diputado nacional Edgardo Depetris, del Frente Transversal Nacional y Popular.
Raúl Castells, del Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD), criticó fuertemente a D'Elía: "No olviden que en todo obsecuente se esconde un traidor". Similares fueron las reacciones de Oscar Kuperman, del MTD-CUBA, y de Gustavo Franquet, referente de Quebracho. Dijo éste: "D´Elía siempre fue un político puesto a dirigente piquetero. Fue concejal, diputado provincial y, en sus ratos libres, dirigente social. De piquetero lo único que tuvo fue una época en que en la Argentina cualquiera era piquetero, entre 2001 y 2002". Juan Cruz Daffunchio, dirigente del MTD Aníbal Verón, fue más cauto: "Habrá que ver la gestión; pediremos una audiencia para ver si está para ayudar a la gente o para repartir las prebendas del Estado, como hacen los funcionarios kirchneristas últimamente, porque la ayuda social se distribuye entre los oficialistas". Finalmente, Juan Carlos Alderete, de la Corriente Clasista y Combativa, felicitó a su compañero de luchas: "Me parece muy bien; tiene una experiencia de muchos años y confío en que va a solucionar muchas cosas; tiene la posibilidad de mejorar los barrios". Véase "Duras críticas de piqueteros para el flamante funcionario", La Nación,23 de febrero de 2006.
Además, desde el año anterior, su mujer se desempeñaba como "coordinadora" en el Ministerio de Desarrollo Social, obteniendo una retribución de 12.000 pesos en 2005. Véase "Piquetero, funcionario... y empresario", La Nación, 23 de julio de 2006.
Véase Carlos Escudé, "Los piqueteros: Prebenda y extorsión en los estratos marginales de un ‘Estado Parasitario'", febrero de 2005, Documento de Trabajo Nº 287 de la serie de la UCEMA (descargable desde Internet en <http://www.cema.edu.ar/publicaciones/download/documentos/287.pdf> ).
"De piquetero a subsecretario", La Nación (editorial), 26 de febrero de 2006; "Piqueteros coparon una comisaría en La Boca", La Nación, 26 de junio de 2004; y Gabriel Sued, "Continúa impune la toma de la comisaría", La Nación, 25 de junio de 2006.
La CTA nació el 12 de noviembre de 1992, como consecuencia de la amenaza que sentían los trabajadores del Estado por el proceso de privatizaciones y el silencio de la Confederación General del Trabajo (CGT), que había sido cooptada por el gobierno de Menem. A diferencia de la CGT, instituyó afiliación y elecciones directas. En la CTA los "trabajadores desocupados" tuvieron, desde el momento fundacional, el mismo reconocimiento que los "trabajadores ocupados", a la vez que la protesta de los jubilados también encontró en su seno un reconocimiento activo y formal. De este modo, las ofertas tradicionales de la CGT "leal", conducida por Rodolfo Daer, y de la moderada "disidencia", liderada por Hugo Moyano, quedaron por largo tiempo desbordadas por el dinamismo de una organización que respondía a una nueva demanda.
Depetri también era presidente de la Comisión de Obras Públicas de la cámara baja, donde Córdoba oficiaba de asesor. Véase Diego Schurman, "Un nuevo hombre de De Vido", Página 12, 18 de abril de 2006.
María Cecilia Tosi, "Cincuenta piqueteros cambiaron la calle por los sillones del poder", La Nación, 11 de junio de 2006; y "Una fuerza callejera que dejó de ser aliada en las sombras", La Nación,14 de septiembre de 2006.
El Movimiento de Trabajadores Desocupados Evita, por caso, había logrado en 2005 que el Ministerio de Planificación Federal le aportara fondos para la construcción de 5.000 viviendas. A la vez, el Ministerio de Desarrollo Social también ofreció a ese y otros grupos piqueteros oficialistas la posibilidad de confeccionar más de 200.000 guardapolvos, de un total de un millón que se repartieron en las escuelas. Véase Martín Dinatale, "Cada vez más piqueteros son funcionarios municipales", La Nación, 14 de septiembre de 2006.
La investigación judicial preliminar probó que D´Elía había llegado hasta el paraje Yahaveré, en los Esteros del Iberá, con camiones del Ejército. Por ese motivo, el juez correntino se declaró incompetente, suponiendo que había intereses nacionales en juego y que por ello correspondía que la investigación pasara al fuero federal.
La Ley dice que "la indemnización sólo comprenderá el valor objetivo del bien y los daños que sean consecuencia directa e inmediata de la expropiación". Respecto del valor del resarcimiento, establece que el Tribunal de Tasaciones de la Nación será el ente encargado de fijar la cifra.
Jaime Rosemberg, "Advertencia de D'Elía: ‘Vamos a seguir cortando cadenas'", La Nación, 18 de agosto de 2006; y Joaquín Morales Solá, "No debió ir tan lejos", La Nación, 15 de noviembre de 2006.
El embajador Capella llevaba a cabo una "diplomacia activa" en la Argentina, contribuyendo a financiar algunas organizaciones piqueteras, realizando visitas personales a barrios pobres para ofrecer planes de asistencia social, propiciando conferencias universitarias destinadas a difundir las virtudes de la "revolución bolivariana" y solventando incluso al Partido Comunista. Poco después de la renuncia de D'Elía, Chávez lo reemplazó y luego se reunió amistosamente con Kirchner. Véase Mariano Obarrio, "Venezuela removería a su embajador", La Nación, 24 de noviembre de 2006; y Daniel Gallo, "Frenó Chávez la ‘diplomacia activa' en la Argentina", La Nación, 22 de noviembre de 2006.
"D'Elía da su apoyo a Irán por los pedidos de captura a ex funcionarios", La Nación Online, 13 de noviembre de 2006; y Lucas Colonna, "Kirchner ordenó expulsar a D'Elía del Gobierno", La Nación, 14 de noviembre de 2006. El entendimiento entre el sector piquetero de D'Elía y la República Islámica de Irán se volvió a vislumbrar en forma notoria en ocasión de la visita de aquél a Teherán, a fines de febrero de 2007. Lo hizo en compañía del padre Luis Farinello y el ex diputado Mario Cafiero. Al evento, titulado "América Latina: su papel y lugar en el futuro orden internacional", asistieron también nutridas delegaciones de Venezuela, Cuba y Nicaragua. Véase Mariano Thieberger, "El piquetero D'Elía, en el centro de otra polémica: ahora viaja a Irán", Clarín, 24 de febrero de 2007. Posteriormente, la agrupación piquetera de D'Elía participó en manifestaciones junto con organizaciones islámicas, portando la bandera del Hezbollah.
Sin aludir de manera directa a la actuación de D'Elía, el gobierno de Estados Unidos y la comunidad judía de ese país reafirmaron su apoyo a la Justicia argentina y sus investigaciones. Antes de eso, el vocero jefe de la Casa Blanca, Tony Snow, había felicitado al gobierno argentino por la búsqueda de justicia y convocado a todos los Estados a apoyarlo contra los supuestos autores intelectuales y materiales del atentado: Irán y Hezbollah. Más explícita, la directora del Instituto de América Latina del American Jewish Comittee(AJC), Dina Siegel Vann, condenó la interpretación promovida desde Teherán y hecha propia por D'Elía sobre una "conspiración sionista-norteamericana" para ensuciar a Irán. Poco después, en un comunicado, el AJC llamó a la comunidad internacional "a apoyar por completo al gobierno argentino en sus esfuerzos por cerrar este episodio trágico de la historia argentina". Véase Hugo Alconada Mon, "EE.UU. no habló de D´Elía, pero elogió la justicia argentina", La Nación, 14 de noviembre de 2006.
Véase "D'Elía: ‘Seguiremos en la calle contra las patronales y el chantaje'", "Incidentes tras el discurso presidencial", y "Cacería para ganar la Plaza", todos en La Nación, 26 de marzo de 2008.
La disminución de la pobreza durante la gestión de Kirchner está generalmente reconocida. Lo que se discute, debido a la manipulación de estadísticas por parte del gobierno, es cuánto ha disminuido. Al asumir éste, el 47,8% de los 24 millones de personas que vivían en centros urbanos estaba por debajo de la línea de pobreza. Los definidos como "indigentes" eran por entonces el 20,5%. Es decir que en la segunda mitad de 2003 había 11,5 millones de personas definidas como "pobres" en los centros urbanos argentinos. Hacia 2006 el INDEC comenzó a manipular sus índices, cuya confiabilidad ha mermado. Según las cifras oficiales, en la segunda mitad de 2006 apenas el 26,9% de la población urbana se encontraba por debajo de la línea de pobreza (siendo indigente el 8,7%). Es decir que, según estas cifras manipuladas, a principios de 2007 habría habido tan solo 6,5 millones de pobres en los centros urbanos argentinos, frente a los 11,5 millones de comienzos de la era Kirchner. En cambio, según los cálculos más realistas realizados por los expertos a los que acude la oposición, habría medio millón de personas adicionales por debajo de la línea de pobreza, que no se registran debido a la manipulación estadística. Si damos por bueno ese cómputo, a comienzos de 2007 habría habido 7 millones de pobres urbanos, frente a los 11,5 millones de comienzos de la gestión de Kirchner. En todos los casos, el éxito en disminuir la pobreza es rotundo. Véase Isabel Bermúdez, "Ahora, dudas por datos de pobreza", Clarín, 10 de septiembre de 2007; Alejandro Rebossio, "La pobreza bajó al nivel previo a la crisis", La Nación, 22 de marzo de 2007; y "Habría unos 500.000 pobres más que los que mide el INDEC", La Nación, 13 de agosto de 2007.
